Tres comisarios que se desempañaban como médicos forenses en la policía bonaerense comenzarán a ser juzgados hoy en La Plata, acusados de encubrimiento y falso testimonio en el marco de la causa que investiga el homicidio del ecologista Carlos Castello, ocurrido en 2008 en Lobos, supuestamente para garantizar impunidad a personal de esa fuerza.
Fuentes judiciales aseguraron que el debate estará a cargo del titular del juzgado Correccional 5, Diego Tatarsky, y en el banquillo de los acusados estarán los comisarios Jorge Antonio Alvarez Ceballos, Karina Marcela Sabules y Pablo Carlos Micelli, los tres imputados por falsear sus declaraciones “con la clara intención de hacer pasar como suicido el crimen de Castello”, según el auto de elevación a juicio.
El hecho estuvo caratulado como suicidio durante casi dos años, hasta que con la intervención del Fiscal de Berazategui, Daniel Ichazo, se determinó que Castello había sido víctima de un asesinato y las sospechas recayeron sobre miembros de la policía bonaerense.
A la comisario Sabules se la acusa de haber falseado su declaración testimonial “cuando aseguró que había acudido a la escena del crimen y visto que Castello que empuñaba un arma, cuando no era verdad”, según determinó la pesquisa a cargo del fiscal Ichazo.
“Tiempo después, en un nueva declaración ante el fiscal, la mujer reconoció que no había acudido a ese lugar”, explicó el fiscal en el pedido de elevación a juicio.
Sobre Alvarez Ceballos, la fiscalía determinó que “con sus testimonio, tergiversó las circunstancias fácticas del escenario, toda vez que deliberadamente provocó en la instrucción fiscal una falsa hipótesis del escenario criminal, desviando de esta forma la pesquisa”.
“Todo ello con un claro interés de dar curso a la hipótesis de suicidio para que no se llegue a comprobar la existencia de un homicidio y por ende llegar a los responsables”, se destacó en la elevación a juicio.
En tanto, al comisario Miceli se lo acusa de haber certificado en el primer informe de autopsia que “las características del orificio de bala de entrada y ausencia de lesiones en el cuerpo del causante eran compatibles con signos observados en casos de autoagresión”.
Como particular damnificado en la causa estará en la audiencias el hermano de la víctima, Eduardo Castello, quien cuenta con el patrocinio de los abogados Marcelo Parrilli y de los letrados Margarita Jarque y Pedro Arzumendi, de la Comisión Provincial de las Memoria.
El 20 de octubre de 2008, Carlos Castello fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza dentro de su casa, situada a 100 metros del destacamento policial Laguna de Lobos.
Castello estaba enfrentado con las autoridades del Club de Pesca de Lobos y de Municipalidad local a partir de una denuncia suya por la usurpación de una calle que permitía el libre acceso del público a la ribera de la laguna, que había motivado varias movilizaciones de vecinos de la zona.
