Preocupación entre funcionarios judiciales por las amenazas a un fiscal correntino

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La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación coincidieron en señalar su “preocupación” por las amenzas recibidas por el fiscal federal de Corrientes Flavio Ferrini de parte de una organización narcotraficante.

La Asociación de Fiscales, presidida por Carlos Rivolo, a través de una carta pública manifestó su “honda preocupación por lo ocurrido y espera que la investigación se lleve adelante con eficiencia y celeridad”, tras conocerse que el fiscal Ferrini sufrió intimidaciones por escrito a través de mensajes anónimos que fueron dejados en su domicilio el martes último.

Asimismo, la organización que nuclea a miembros del ministerio público de la Nación se solidarizó con el funcionario y propició “que se garantice la custodia y seguridad del magistrado, su familia y sus colaboradores”.

A su vez, la seccional Corrientes de la Asociación de Magistrados federales expresó su repudio a las misivas intimidatorias y manifestó “preocupación por este tipo de hechos que tienden a perturbar gravemente no solo la serenidad del funcionario, sino que lo afectan como persona y repercuten en su grupo familiar”.

La nota difundida, firmada por el juez del Tribunal Federal de Corrientes, Víctor Alonso, reeclama “que se extremen las investigaciones para determinar el origen y autoría de estas amenazas, y así desterrar este tipo de hechos cuyo objetivo es paralizar la trascendente tarea que está asignada al Ministerio Público Fiscal”.

Asimismo, le expresaron su “profunda solidaridad” y “disposición” ante una situación que describieron como una “emergencia”.

El martes último por la noche, Ferrini recibió en su domicilio particular un sobre con tres mensajes escritos en computadora en los que le advertían de un potencial robo, encargado a un policía y delincuentes de una villa por narcotraficantes involucrados en el denominado “Operativo Sapucay” de la localidad de Itatí.

El caso es investigado por el fiscal general de la órbita federal en Corrientes, Carlos Schaefer, quien en declaraciones a la prensa, indicó hoy que el asunto se encuentra también en conocimiento tanto del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, como de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.