En el marco de la investigación que inició Asuntos Internos por la aparición de casi 800.000 pesos en la caja fuerte de la comisaría primera de La Plata, presuntamente destinados al pago de los servicios adicionales (Horas Polad), se informó que los auditores de ese organismo de control avanzan con el análisis del estado patrimonial de los ochos jefes policiales desplazados por la causa.
En ese sentido, fuentes de la fuerza indicaron que se habrían detectado presuntas inconsistencias entre lo declarado y los bienes que surgirían de los informes cursados en alguno de esos casos.
De todas formas, por el momento no se tomó ninguna determinación al respecto, ya que “primero queremos avanzar con las declaraciones de todos los imputados. Después se verá si surgen nuevos cargos”, explicó un vocero.
Como se recordará, los investigadores detectaron además que en la seccional de 53 entre 9 y 10, que terminó siendo descabezada, había planillas con firmas que serían apócrifas y nombres de personas que ni siquiera pertenecerían a la fuerza o no pueden hacer Polad por ser del escalafón administrativo. Pero todos pasaban a cobrar, generando así una posible fuente de recaudación ilegal, por sumas inimaginables, más si se tiene en cuenta que la primera manejaba unos 100 millones de pesos mensuales para cubrir las tareas de custodia.
Ante esta situación irregular, el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, decidió intervenir la seccional, donde asumió el comisario inspector Javier Martínez.
La movida se basó en una resolución que lleva la firma del Auditor General de Asuntos Internos, Guillermo Berra, que imputó a todos los efectivos por infracción al artículo 205, incisos “i” y “o” del Decreto 1050/09, reglamentario de la Ley 13.982.
En otras palabras, en lo que se considera una falta grave, les endilgó “un manejo irregular de fondos públicos asignados a una dependencia, para fines ajenos a los legalmente impuestos, de lo que se derive un beneficio patrimonial indebido propio o de terceros, un perjuicio patrimonial o un provecho indebido de los bienes, servicios o trabajos de la institución” y “cometer, por acción u omisión, todo acto que importe una afectación a la ética y la honestidad del funcionario”, indicó un vocero de la pesquisa.
