Procesan a doce imputados en una causa por lavado de dinero

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El juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovhic procesó a once acusados, entre ellos una persona conocida como “Mr. Korea”, como jefe de una asociación ilícita en una causa en la que se investiga la fuga de más de 300 millones de dólares, realizada por más de 50 empresas.

Sung Ku Hwang, alias “Mr. Korea”, estuvo prófugo y fue extraditado por Corea del Sur. Fue titular de varias empresas en Argentina dedicadas a los rubros de importación y textiles, y es además uno de los principales implicados en la causa de la “mafia de los contenedores”, que lleva adelante el juez Marcelo Aguinsky.

La causa del juzgado de Meirovich se originó en una denuncia de la Aduana presentada en agosto del año pasado, que puso bajo la lupa a más de 50 empresas fantasma que presuntamente aprovecharon las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación) para comerciar en el mercado negro de dólares.

La denuncia describe diferentes conductas que “tuvieron su inicio con la presentación de documentación por parte de distintas personas físicas, las cuales intervenían en la representación de personas jurídicas, frente a la AFIP- DGA, dando comienzo así al circuito administrativo, que luego tendrá incidencia directa en las diferentes burlas a los controles del Estado Argentino, con el fin de lograr egresar importantes cantidades de dinero y posibilitando en el exterior su resguardo al margen de las normas de control, contempladas en diversos tipos penales”.

Las conductas investigadas en la causa se vinculan a “la existencia de una presunta asociación ilícita que habría actuado en forma coordinada y mediante la creación de personas jurídicas con la finalidad de cometer delitos indeterminados”.

Como consecuencia de esa organización, se efectuaron giros de divisas al exterior mediante transferencias bancarias (SWIFT) que fueron liberados con la utilización de “Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) aprobadas, las que se habrían tramitado a través de los canales ordinarios y formales en forma electrónica ante los organismos estatales correspondientes (AFIP y Secretaría de Industria y Comercio), y/o por medidas cautelares judiciales que habilitaban eventualmente tales vías administrativas, en beneficio propio y/o para terceros”.