Los senadores aprobaron hoy, con modificaciones, el proyecto por el cual se reforma la ley de ejecución de la pena por el cual se impide que los condenados por delitos graves puedan acceder a excarcelaciones o salidas transitorias, por lo cual debe volver a la Cámara de Diputados.
El proyecto fue aprobado por 48 votos a favor, 8 en contra y una abstención (del senador de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas) y fue girado a la Cámara Baja como consecuencia de las modificaciones aplicadas en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que, entre otras cuestiones, resolvió excluir algunos delitos, como el homicidio simple y el contrabando, del listado de los crímenes que quedan incluidos en la reforma.
En la lista figuran el homicidio agravado, la privación ilegal de la libertad coactiva, la tortura seguida de muerte, el secuestro extorsivo y los delitos contra la integridad sexual como aquellos cuyos autores se verán impedidos de acceder al beneficio de salidas transitorias, salidas adelantadas o la libertad condicional.
También, en el dictamen que llegó al recinto la comisión había corregido las facultades que otorgaba la sanción de la Cámara Baja al Servicio Penitenciario, por considerarlas “excesivas” y, de esa manera, dejó en manos del juez de ejecución penal, con intervención de las víctimas o sus familiares, la decisión final sobre las salidas anticipadas de los condenados.
Al respecto, el jefe del bloque PJ-FpV, Miguel Pichetto, remarcó que “las reformas que le hacemos al proyecto en el Senado son para endurecer, no para ablandar, que quede claro. Estamos poniendo los delitos más pesados y las estructuras delictivas más graves para que sus autores cumplan la totalidad de la condena”.
Luego advirtió que “los jueces tienen que prestar atención y aplicar la pena máxima”.
Antes el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el peronista entrerriano Pedro Guastavino, explicó que, comparada con la ley en vigencia, la nueva iniciativa “amplía la lista de delitos donde se impedirá al condenado acceder al beneficio de la libertad condicional”.
Además calificó a la propuesta como “una buena herramienta” y afirmó que “el Estado claramente debe hacer esfuerzos enormes para lograr que el sistema funcione y que efectivamente cuando hablamos de resocializar funcione como verdaderamente debe funcionar”.
Mientras, la camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti expresó su rechazo a la reforma al indicar que “una ley como la 24.660 debería ser abordada de una manera integral, haciendo hincapié en el estado de nuestro sistema carcelario”.
Y opinó: “Creo que (la ley) es un parche más y que fue desempolvado por la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) para hacer una respuesta a un caso tan desgarrador como fue el de Micaela García, la joven entrerriana hallada asesinada el 11 de abril último, supuestamente a manos de un violador que había sido liberado antes de cumplir su pena. El proyecto de modificación de la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, cuyo autor es el diputado nacional radical mendocino Luis Petri, fue aprobado por Diputados el pasado 23 de noviembre.
Dos días después fue girado al Senado e integró el temario de asuntos a tratar en extraordinarias enviado por el Poder Ejecutivo, pero al final no se abordó.
La iniciativa volvió a tomar relieve con el asesinato de Micaela García y tanto fue así que la ministra Bullrich fue al Senado la semana pasada para pedir su pronta sanción, además de otras leyes.
El peronista salteño y ex juez nacional Rodolfo Urtubey defendió la norma y detalló que “esta ley responde a la realidad” y “el 95 por ciento de los que violan la libertad condicional va a seguir cometiendo delitos”. Aclaró que “no estamos planteando aumentar las penas, sino que los condenados cumplan las penas que los jueces ponen”.
