La procuraduría penitenciaria alertó sobre la ineficacia del plan para reformar la Ley de Ejecución

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La Procuración Penitenciaria alertó sobre la «regresividad e ineficacia» del proyecto que busca modificar la Ley de Ejecución Penal 24.660 al calor de la polémica que generó la reciente violación y asesinato de una joven en Entre Ríos por parte de un condenado excarcelado y advirtió sobre «los graves problemas de aplicación» que puede generar la nueva norma.

«Argentina tiene como deuda pendiente la reforma y el control democrático de sus prisiones, lo cual de ninguna forma se puede lograr con una reforma que conducirá a graves niveles de sobrepoblación carcelaria y violencia», sostuvo la Procuración.

En ese marco, cuestionó la iniciativa de modificar la ley que impulsa el Senado tras su aprobación en Diputados en noviembre de 2016 y reiteró su rechazo por «la ineficacia del proyecto» al señalar que «elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados».

Además, dijo, «plantea la imposibilidad para determinados delitos del acceso a salidas transitorias, libertad condicional y libertad asistida».

La Procuración cuestionó que la lista de delitos penados que no contemplarán excarcelaciones «es muy amplia y no se comprende cual fue el parámetro de afectación tenido en cuenta para tal restricción», dado que incluye por ejemplo «condenas por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala».

En ese sentido, indicó que la nómina de delitos «ya existente se amplía incluyendo todo homicidio, delitos contra integridad sexual (exceptuando el abuso simple, difusión de pornografía y grooming), secuestro coactivo si hay muerte intencional, robo agravado, secuestro extorsivo si se causa la muerte, infracción a la ley de drogas, trata de personas, delitos económicos, condenas por ley antiterrorista, contrabando, tortura seguida de muerte, corrupción y fraude a administración pública y delitos cometidos por asociaciones ilícitas».

«El proyecto contraviene los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social de los penados contenidos en la actual ley», señaló la Procuración.

En ese sentido, explicó que «la reinserción social se instrumenta mediante un régimen de progresividad de las penas que tiende a la progresiva reincorporación del condenado a la sociedad» pero apuntó «el proyecto va en dirección opuesta, pues impide este retorno progresivo del condenado al medio libre».

«Establece un cumplimiento íntegro de la pena para la mayoría de los condenados, quienes tras un largo período de encierro carcelario, serán puestos en libertad en forma abrupta, sin el acompañamiento y supervisión del Patronato de Liberados previsto en la actualidad para la libertad condicional», indicó.

La Procuración Penitenciaria insistió con que «el agravamiento de las condiciones de cumplimiento de las penas no conlleva una mejora en la seguridad pública. El endurecimiento de la legislación penal y el incremento de la población reclusa no conducen a mayor seguridad».

Y, sostuvo que la reforma proyectada «generará una situación de emergencia carcelaria incontrolable» dado que «el sistema penitenciario federal sobrepasa hoy los 11.260 presos, lo que constituye de las cifras más elevadas de las que se tenga registro, observándose una tendencia de fuerte incremento».

La Procuración consideró que «los problemas que se intentan resolver con reformas» legislativas, «se resuelven con una justicia fortalecida y no fortaleciendo la administración penitenciaria en desmedro del principio legalidad de la pena».

«Poner el foco en ampliar las facultades de intervención de la administración penitenciaria es un error irreparable. No hará más que sumar opacidad y centralidad», añadió y abogó por «fortalecer a la justicia con procesos de ejecución orales, ágiles, que cuenten con equipos interdisciplinarios que den apoyo a las decisiones judiciales».