El caso del bebé mutilado en Miramar está a un paso de quedar en la nada

1363

Eusebio Condorí Camino y Daysi Fernández ni siquiera se habían enterado de que a la vera de la ruta 11, entre Miramar y Mar del Sud, habían encontrado el cuerpo de un chiquito mutilado, sin órganos ni dientes, ese 21 de marzo. Ellos, trabajadores de una quinta de la zona del Boquerón, en Batán, llevaban 11 días sumidos en el duelo por la muerte de su hijo Matías Valentino, de sólo 2 años, al que habían buscado por una década y murió ahogado por una “bombucha” mientras jugaba con su hermana de 12 y un primito.

Una semana después de hallar lo que quedaba del cadáver y con el ADN positivo en sus manos, fue la fiscal Ana María Caro la que se presentó en la casa familar para comunicarles lo sucedido. Desde entonces, dos preguntas atormentan el alma y el corazón de estos padres: “¿Por qué?”. “¿Para qué?”.

“Recién estábamos cayendo de su muerte y cuando vino la fiscal, no lo podíamos creer: si lo habíamos enterrado. No se puede ni explicar lo que sentimos el día de la exhumación. Estamos muy mal”, le dice Eusebio al diario Clarín, con una voz pausada y una congoja que lo deja en silencio. Daysi, desde las entrañas, sufre: “No se puede tratar así a una criatura, no deben tener hijos y no sé si llamar persona a esa clase de gente”.

Ambos no sólo enterraron a su hijo, luego vieron cómo sacaban un cajón vacío de su tumba y después lo entregaron para que cremaran sus restos. Lo peor, a un mes del macabro hallazgo, es que la causa está a punto de quedar en la nada. Tanto la fiscal de Miramar, Ana María Caro, como Marcela González, una de las abogadas de la familia de Matías, le explicaron a este diario que el robo de cadáveres sin fines extorsivos no está tipificado como un delito por el Código Penal bonaerense y pasará a la Justicia de Paz para ser evaluado como una contravención. ¿La pena? Según el Decreto-Ley 8031/73 del Código Contravencional, hasta 90 días de arresto y una multa igual a la mitad del salario de un policía de rango de comando por profanar una tumba y mutilar un cuerpo. O sea, $ 9.010,52.

“Estoy convencida de que los que lo hicieron sabían que no tenía castigo penal. Ahora no sabemos si fue un mensaje para alguien o si pudieron usarlo para un ritual. Hay dos cosas para tener en cuenta: el cuerpo apareció porque alguien quiso y no es lo mismo el cadáver de un angelito que el de un adulto”, argumenta la representante legal de la familia.

De 38 años y nacionalidad boliviana al igual que su mujer, Eusebio llegó a la Argentina a fines de los ‘90 y se instaló en Mar del Plata para trabajar en quintas. Así conoció a Daysi y desde 2003 están juntos. Ahora ambos “sobreviven” en la casa que les da el patrón dentro del establecimiento donde cultivan. Es Silvana Belén (12), la otra hija de la pareja, quien los mantiene en pie. “Vivimos de nuestro trabajo, somos gente humilde y no le hacemos mal a nadie. Si tuviera enfrente a los que lastimaron el cuerpo de mi hijo no les diría nada, sólo les preguntaría por qué y para qué”, asegura el papá de Matías.

El desconsuelo de Daysi desgarra. En el atardecer de aquel 10 de marzo, cuando murió Matías, fue ella quien vio venir a su cuñada con el nene en brazos, no podía respirar, estaba casi azul; fue ella quien lo cargó hasta la salita de Batán a la que los llevó un amigo con su coche, la que se subió a la ambulancia cuando lo derivaron al hospital Materno Infantil en Mar del Plata y la que escuchó de los médicos: “Mami, tu bebé llegó fallecido”.

El cuerpo fue desenterrado la misma noche del 11 marzo que lo sepultaron en el cementerio de Otamendi: abrieron el féretro, retiraron sus restos, lo cerraron y lo volvieron a poner en la tierra. Dentro del cajón quedó una media, la cinta del chaleco con el que Daysi había elegido vestirlo y la camiseta del Barcelona que solía usar. Los profanadores lo mantuvieron siete días en una heladera. Después, le cortaron las manos, los pies y los genitales, le sacaron los órganos, le arrancaron los dientes y tiraron lo que quedaba a la vera de la ruta 11, entre Miramar y Mar del Sud.

El dueño de la funeraria y el encargado del cementerio -hoy libres- siguen investigados por “encubrimiento” y “falso testimonio”, respectivamente. El primero se encamina hacia el sobreseimiento. En cambio, el sepulturero está complicado: fue el único que trabajó la semana que robaron el cuerpo y dijo que era el pozo que él había cavado.