La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó que el tema de los condenados por violencia sexual “no es sólo un problema de cuántos hay o cuántos son reincidentes” sino que “es un problema de principios” y, en ese sentido, enfatizó que “el que cometió ese delito debe cumplir toda la condena y no debe tener facilidades de salidas anticipadas”.
“El Estado tiene responsabilidad de haber generado una situación en la que se libera a una persona antes de que cumpla la condena, y después esa persona viola esa confianza y vuelve a cometer el delito”, indicó Bullrich en referencia al caso Micaela.
La ministra adelantó que con la aprobación del proyecto en cuestión “hay delitos que no van a tener regímenes de progresividad“ como en el caso de los homicidios, delito contra la integridad sexual, el robo con armas, robo seguido de muerte, privación ilegitima de la libertad, trata de personas, lavado de activos y narcotráfico.
Seguido, reseñó que esos delitos “ofenden a la sociedad” y que, en consecuencia, quienes hayan cometido hechos de esas características “no va a tener confianza del Estado para salir antes de cumplir la pena impuesta por un juez”.
Al ser consultada por los senadores sobre la situación del Servicio Penitenciario Nacional, la funcionaria informó que Argentina es en la región el país con menor índice en la relación a delito-condena “con 169 cada 100 mil”, al tiempo que sentenció: “prefiero que el delincuente esté en la cárcel y no en la calle porque la cárcel no esté en condiciones” e instó a los senadores a que “aprovechen el próximo presupuesto 2018 para aumentar las partidas” a los efectos de mejorar el estado del Servicio Penitenciario. “Sin dudas tenemos problemas en las cárceles, pero lo peor es que un delincuente esté en la calle”, reafirmó.
A continuación, se presentó el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, quien admitió que la situación carcelaria “es complicada” y dejó en claro la posición del gobierno de María Eugenia Vidal en el tema de seguridad al enfatizar que “para nosotros las sanciones para delitos graves tienen que ser de cumplimiento efectivo”.
Asimismo, celebró que con este proyecto de ley “la finalidad de la resocialización ya no es excluyente sino que incorpora a la sociedad como también defendida a través de la ley” al tiempo que “se incorpora a la víctima, que está abandonada en el Derecho Penal”. Por último, destacó la necesidad de armonizar tanto “con el Código Penal” como así también “los delitos que se incluyen”.