Fuente fiscales.gob.ar
Los hechos, que conmocionaron a la ciudad, sucedieron entre diciembre de 2012 y agosto de 2013. En todos ellos, se pagó el rescate de miles de pesos y dólares y las víctimas fueron liberadas. Hoy, arrancan las audiencias y mañana se escucharán a los primeros testigos.
Con la intervención del fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Juan Manuel Pettigiani, 11 imputados –diez varones y una mujer- llegan hoy a juicio oral y público acusados por el delito de secuestro extorsivo, agravado por haberse obtenido el pago del rescate y por la participación en los hechos de más de tres personas.
Los acusados son Cristian Daniel Rondon, Natalia Soledad Leguizamón, Juan Nicolás Laricchia, Cristian Damián Prieto, Jesús Alberto Veliz, Roberto Atilio Ravainera, Cristian Ramiro Gómez, Eduardo Maximiliano Damián Goncebatte, Leonardo Miguel Parisotti, Ulises Saúl Omar Arbizu y Walter Gustavo Salazar. El tribunal estará integrado por los jueces Néstor Parra, Roberto Falcone y Mario Portela.
La investigación
Tras los hechos, en agosto de 2013, el fiscal general Daniel Adler había solicitado la colaboración de fuerzas de seguridad federales para investigar los secuestros extorsivos, que sumaban siete en menos de un año, bajo la misma modalidad: se pagó el rescate, se liberó a la víctima, intervino la policía bonaerense y sólo en uno se pudo recuperar parte del dinero.
Un mes después, la investigación de Carlos Martínez, entonces a cargo de la Fiscalía Federal N°1, derivó en 25 allanamientos en Mar del Plata, que arrojaron la detención de seis personas, el secuestro de 17 armas, cinco vehículos y dinero en efectivo.
Al asumir como titular del Fiscalía Federal N°1, la causa cayó en manos de la fiscal Laura Mazzaferri, cuyo trabajo investigativo permitió dar con los últimos dos prófugos de la banda a mediados del 2015: Parisotti y Goncebatte, quien es acusado de haber participado en los tres hechos y ser la persona a cargo de las negociaciones con las familias de las víctimas.
La fiscal, cuatro meses después, requirió la elevación a juicio parcial –que luego complementó durante el 2016-, donde describió los diversos roles que cumplían los imputados: algunos estaban encargados de hacer el seguimiento y captura de las víctimas, otros de las negociaciones telefónicas, y otros del monitoreo y control para concretar el pago del rescate.
