El modus operandi no es novedoso. El reinado de la organización narcocriminal en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, a fuerza de balas, donde utilizó el territorio para almacenar y distribuir droga al menudeo se trató en varios expedientes judiciales. Su sindicado líder, el ciudadano peruano Marco Estrada Gonzáles, más conocido por su alías de “Marcos”, admitió su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de prisión de seis años. En 2013 recuperó la libertad para irse a vivir a un barrio cerrado de Ezeiza.
Pero ayer, menos de tres años y medio después del acuerdo judicial donde a cambió de aceptar su culpabilidad recibió una pena menor, “Marcos” sufrió otro revés judicial: el juez federal Sergio Torres lo procesó con prisión preventiva al considerarlo organizador de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y por el delito de acopio de armas de fuego.
En su resolución, de 400 páginas, donde también procesó a la mujer de “Marcos”, Silvana Salazar, y a otros 23 sospechosos, el juez federal Torres hizo una detallada descripción de la organización criminal que tiene “20 años de historia” en la villa 1-11-14.
“En cuanto a la forma de estructuración, la banda contó desde siempre con un sistema piramidal en el que se encuentran personas directamente dedicadas a organizar y financiar la actividad ilícita, en general alejadas del contacto directo con el material de carácter ilícito, quedando a cargo de otros integrantes ejercer funciones específicas, tanto dentro como fuera del asentamiento, con el objetivo de lograr constantemente la disposición de droga y armamento para desarrollar el emprendimiento criminal de la forma preestablecida”.
Según el magistrado y su equipo de colaboradores, “por debajo de la cúspide se posicionan organizadores y financistas, aunque con un rol protagónico en la toma de decisiones se encuentran aquellos dedicados especialmente al control de las operaciones de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, lo que incluye la diagramación del ingreso de la droga al asentamiento poblacional y la consecuente entrega a terceros para su escondite y fraccionamiento, la supervisión de los encargados de la oferta al menudeo de los narcóticos, y la recolección definitiva del dinero producido por aquella actividad ilícita, para su entrega o puesta a disposición de quienes ejercen la jefatura”.
Pero, además, siempre según la resolución firmada por Torres, la banda presuntamente liderada por “Marcos”, como ya lo explicó en otros fallos, el último eslabón de la organización criminal estaba compuesto por personas que cumplen roles de “campanas” o “satélites”, que eran los encargados de detectar y poner en alerta sobre la presencia de terceros extraños al lugar, “soldados”, “marcadores” o “perros”, jóvenes armados que, en general, interceptan a los extraños impidiéndoles el paso hacia la zona protegida, “punteros”, “corners” o “esquinas” dedicados a la distribución de narcóticos al menudeo en los puntos de venta.
El juez Torres, desde 2010, tiene expedientes judiciales sobre los negocios narco en la villa del Bajo Flores. Sólo de la banda comandada presuntamente por “Marcos” tiene a más de 150 sospechosos vinculados al narcotráfico. Y más de 60 personas fueron condenadas.
Pero el negocio de la venta de droga parece no tener freno en la 1-11-14: se sospecha que una banda, en su momento, llegó a facturar 350.000 pesos semanales, según se estima. Tampoco se detienen los crímenes derivados de la disputa por los puntos de venta minoristas.
