Marco Estrada González, el jefe narco de la Villa 1-11-14, se negó a declarar hoy ante el juez Sergio Torres luego que temprano a la mañana fue trasladado con una fuerte custodia a los Tribunales de Comodoro Py
Marco Antonio Estrada Gonzáles cuenta con tres condenas (2004, 2012 y 2013) por liderar una organización criminal que funciona en la Villa 1-11-14, que según se ha podido acreditar está integrada por más de 100 personas, domina territorialmente espacios del barrio y se dedica principalmente al tráfico y comercialización de marihuana, cocaína y “paco” y al acopio de armas de fuego y municiones, aunque en una de las condenas que recibió también lo penaron por falsificación de una marca registrada. Todo esto tuvo como corolario que con fecha 23 de mayo de 2013, en el marco de la última condena recaída sobre Estrada Gonzáles, el Tribunal resolviera imponerle en definitiva la pena única de diez años de prisión, resultado de la unificación de sus dos últimas condenas.
Sin embargo, en la investigación que continuó a cargo del juez federal Sergio Torres se pudo acreditar que pese a las condenas de prisión recibidas y su detención en la cárcel, Estrada Gonzales continuó dirigiendo sus actividades ilícitas, valiéndose para ello de una compleja estructura jerárquica, de un aparato de violencia y seguridad que le aseguró el dominio territorial sobre un área de la Villa 1-11-14. La organización contó con la participación del núcleo familiar de Estrada González, entre ellos, su pareja, su suegra y su hermano.
Más de cincuenta de las personas que integraron esa organización ya fueron condenadas en diversas causas, por sus vínculos con maniobras que involucran la manipulación de droga destinada a ser comercializada, con el manejo de armas de fuego y municiones. En tanto, otras se encuentran actualmente atravesando juicios orales, una está sometida a un trámite de extradición y más de treinta se encuentran prófugas.
Los elementos secuestrados a la organización de Estrada González en las diferentes causas (hasta el pasado viernes) dan cuenta de su magnitud: más de 85 kilogramos de droga (entre marihuana, cocaína y sus derivados), 65 armas de fuego de diferentes calibres, 42 cargadores para armas de fuego de diferentes calibres, más de 2600 municiones, ocho chalecos antibalas, dos silenciadores, una mira telescópica y dos granadas de mano, además de una importante cantidad de dinero en efectivo y objetos de valor económico: automotores, teléfonos celulares, computadoras portátiles, televisores, equipos de música y consolas de videojuegos, entre otros elementos.
Absolución para comenzar
El Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de la Capital Federal absolvió a Estrada Gonzáles el 10 de mayo de 2002 de un triple homicidio agravado y de las lesiones a una persona. La absolución la pidió la Fiscalía. Sin embargo, un dato no menor fue el cambio de las versiones aportadas por los testigos entre la etapa de instrucción y la de juicio oral, entendiendo esto como una de las consecuencias del temor que los acusados podían infundir.
Previo al juicio oral, el juez de instrucción que investigaba estos hechos, ordenó extraer testimonios y remitirlos al fuero federal para que se investigue la existencia de una asociación ilícita vinculada al tráfico ilícito de drogas. El 13 de julio de 2004 el TOF 2 porteño condenó a “Marcos” a tres años y dos meses de prisión por considerarlo “miembro” de una asociación ilícita.
Del análisis de la escuchas telefónicas efectuado en el marco de ese debate, se pudo establecer la existencia de un grupo de personas encargadas de trasladar las sustancias estupefacientes desde Perú, pasando por Salta, hasta Buenos Aires, para venderlas al menos en parte en la villa 1-11-14.
El tribunal tuvo además en cuenta el relato de testigos que señalaron a Estrada Gonzáles como el jefe de una organización dedicada a la venta de estupefacientes y que miembros de esa organización los amenazaron para que abandonaran sus viviendas, las que luego fueron ocupadas por miembros de la banda.
En el mismo juicio fue condenado el entonces socio de Estrada González, Alionzo Rutillo Ramos Mariño, alias “Ruti”, también de nacionalidad peruana. Cuando ambos recuperaron la libertad, la sociedad se rompió y se disputaron a tiros el poderío en la Villa 1-11-14. El enfrentamiento tuvo como consecuencia la muerte de miembros de ambas bandas. Ramos Mariño fue condenado en 2008 a 18 años de prisión por el asesinato de cinco personas, entre ellas un bebé, en un episodio conocido como “La masacre del Señor de los Milagros”. Las víctimas participaban de una procesión religiosa en el barrio y quedaron en medio del fuego cruzado de ambos bandos. El 9 de julio de 2015, “Ruti” fue expulsado del país y se le impuso la prohibición de retornar, pero continuó dirigiendo actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, por lo que recientemente se solicitó su extradición.
Cuestión de familia
La segunda condena que recibió Estrada Gonzáles incluyó también entre los penados a su esposa, Silvana Salazar, y a la madre de esta, Lily Lucila Enríquez Alarcón. El 7 de mayo de 2012, el TOF 3 de la Capital Federal homologó un acuerdo de la Fiscalía y de la defensa en el marco de un juicio abreviado y le dictó seis años de prisión. Otras siete personas también integraron el lote de acusados.
“Marcos” aceptó ser considerado coautor de los delitos de organizador de una asociación ilícita, tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de intervinientes, acopio de armas de guerra y municiones de arma de guerra, falsificación de una marca registrada y el comercio de productos con marca registrada falsificada en un local de las ferias “La Salada” y “Bonorino”, donde también se vendían estupefacientes.
El tribunal tuvo por probada la existencia, desde octubre de 2005 y hasta el 6 de noviembre de 2007, de una organización criminal en la Villa 1-11-14, que se dedicaba a la introducción al país, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes que se vendían, en parte, en los pasillos del barrio. La cocaína llegaba al país por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y era transportada por personas provenientes de Perú, que antes de subir al avión ingerían cápsulas en las que portaban la sustancia. A su llegada, esas personas eran conducidas al interior de la villa 1-11-14 o a hoteles céntricos por choferes de la agencia de remises “Los Rebeldes”, que además brindaban seguridad o custodia a los miembros de la organización.
Sin debate
La tercera condena a Estrada González también fue en un juicio abreviado y tuvo como pena seis años de prisión. Esta sentencia, dictada el 23 de mayo de 2013, se unificó la pena con la anterior y dispuso una única de diez años. El TOCF 3 homologó el acuerdo de la Fiscalía y la defensa, en el que “Marcos” aceptó ser considerado responsable de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la participación, en forma organizada, de tres o más personas y acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones. También fue condenada su esposa, Silvina Salazar, a quien le unificaron la pena en ocho años de prisión.
Es que a pesar de encontrase detenido, “Marcos” continuó desarrollando las mismas actividades ilícitas que había iniciado muchos años antes, contando para eso con una organización que llevaba adelante sus instrucciones y toda la actividad ilícita en la Villa 1-11-14. En el acuerdo, tanto Estrada Gonzáles como Salazar reconocieron la materialidad de los hechos como su participación en la banda.
El tribunal valoró la declaración de un arrepentido quien señaló a Estrada Gonzáles como una de las personas que “manejaba” la venta de droga en el barrio junto a César Augusto Reyes Zubieta, alias “Cuyo”, y Rolando Huaura Antúñez, “Rolly”. El mismo imputado dijo que “Marcos” conducía las actividades desde la cárcel y que su hermano, Fernando, era quien indicaba cuándo había que ingresar la droga. También contó que Silvana Salazar, que cumplía arresto domiciliario en un barrio privado de Ezeiza, le ordenaba a una mujer, de nombre Gladys Carahuachín, “todo lo que había que hacer”.
La continuidad de la banda
Aquella causa que obtuvo sentencia en 2013 siguió su trámite respecto de otros hechos en la etapa de instrucción, a cargo del Juzgado Federal N°12 de la Capital Federal con intervención de la fiscalía de Juan Pedro Zoni. Pese a las detenciones, secuestros y condenas concretadas en sucesivas etapas del proceso, se pudo acreditar la vigencia y continuidad de las maniobras desplegadas por esta organización ilícita, en particular en lo que hace al dominio territorial desplegado sobre específicos sectores de la Villa 1-11-14. De hecho, desde esa condena se lograron vincular otros nueve secuestros de droga con la organización, lo que llevó a los investigadores a enfocarse nuevamente al funcionamiento de esta banda.
La causa actualmente en curso procura verificar la existencia y actual permanencia de un importante e indefinido número de personas organizadas para llevar a cabo delitos, entre ellos el tráfico de estupefacientes a gran escala en el interior y en las inmediaciones de la Villa 1-11-14. Esas personas tienen distintas nacionalidades, sexos y edades, y van relacionándose hasta conformar una agrupación cuya estructura permitiría mantenerse siempre vigente en el tiempo, con la incorporación de nuevos miembros que suplantan a aquellos que desertan, son expulsados, detenidos o desaparecen de la escena por algún motivo.
La organización, se sospecha, sería comandada por un núcleo mucho más pequeño de personas que, ocupando los cargos de mayor jerarquía, se encargaría de impartir las órdenes, organizar las actividades ilícitas y beneficiarse en mayor medida con el producido de éstas, muchas veces sin necesidad siquiera de acercarse a la zona en la que los acontecimientos tienen lugar. Entre este grupo -encabezado por “Marcos”, su esposa y su suegra- y los integrantes de la banda, existían distintas personas que actuaban como intermediarios, especialmente para mover las ganancias de la actividad ilícita.
Todo esto llevó a que el pasado viernes se llevaran adelante 65 allanamientos (32 en la CABA y 33 en la provincia de Buenos Aires), que concluyó con la detención de 23 personas (entre ellas Estrada Gonzales y Salazar) y el secuestro de casi 12 mil envoltorios de “paco”, más de 400 kilos de marihuana, 34 armas de fuego, 1450 municiones, 769.852 pesos en efectivo, 3.600 dólares, distintos automotores, aproximadamente 400 celulares y diversa documentación de interés.
La situación de “Marcos” en el país
Con motivo de las condenas dictadas a Estrada Gonzales y con apoyo en lo que establece la Ley 25.871, en el año 2014, la Dirección Nacional de Migraciones canceló la residencia permanente que tenía aquel desde el año 2001. Ello, pues existe en el caso un interés imperativo del Estado ante el perjuicio que la banda causa a la sociedad.
Esa decisión fue apelada por “Marcos” ante el fuero contencioso administrativo federal, donde actualmente se encuentra en debate la cuestión e interviene la Fiscalía de Primera Instancia N° 7 en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal a cargo de la doctora Laura Labarthe. Al contestar la demanda, la Dirección Nacional de Migraciones solicitó que el Ministerio Público Fiscal intervenga teniendo en cuenta las condenas que registraba y su actividad ilícita. La jueza Heiland aceptó el pedido, pero la defensa de Estrada Gonzáles apeló y la cuestión aún debe ser resuelta por la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
