La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento de cinco inspectores del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto “incumplimiento de debedres de funcionario público”, a raíz de las cinco muertes en la fiesta electrónica Time Warp.
La decisión de la sala II del Tribunal de Apelaciones, que deja a los inspectores cerca de ser enviados a juicio oral, recayó sobre los inspectores Claudio Alberto Iacobaccio, Fernán García Vázquez, Pablo Fontanellas, Gustao Herms y Néstor Ella, según la resolución a la que accedió Télam.
El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del juez federal Sebastián Casanello, a cargo del caso, pero redujo los embargos de 10 millones a 1 millón de pesos para cada uno.
Casanello los había procesado por delitos más graves como “partícipes necesarios del delito de comercialización de estupefacientes agravado en concurso formal con el de abandono de personas, abandono de personas seguido de grave daño en la salud y abandono de personas seguido de muerte en concurso ideal con el de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Pero a sus superiores, Martín Irurzun y Eduardo Farah, los dejaron acusados de incumplimiento de deberes, un delito más leve, al entender que “por el momento no hay evidencia concreta de cohechos ni prueba de otro tipo de connivencia entre los referidos funcionarios y los organizadores”.
Los camaristas ordenaron profundizar la investigación sobre “el eventual involucramiento de los funcionarios en los delitos que derivaron” en la muerte de cinco jóvenes por consumo de droga sintética en el predio de Costa Salguero.
Por el momento, advirtieron, “no resulta posible colocarlos en posición de cómplices de la facilitación del lugar para la venta y el consumo de estupefacientes atribuida a los responsables del evento”.
La Cámara dio por probado que durante la fiesta de abril último, los inspectores tenían un “efectivo conocimiento” de lo que ocurrió en el lugar, por ejemplo de la presencia de, al menos, 20.513 personas cuando la capacidad habilitada era de 13.000
“Ello no pudo pasar desapercibido para quienes estaban allí con el objetivo de controlar periódicamente también este aspecto de la organización”, advirtieron los jueces.
