La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de la Policía Federal, comisario Néstor Roncaglia, concurrieron hoy a los tribunales de Comodoro Py por el caso de los cuatro uniformados detenidos en relación al secuestro y homicidio de un taxista.
Fuentes judiciales informaron a DyN que la funcionaria del Poder Ejecutivo y el titular de la fuerza de seguridad visitaron al juez federal que lleva la causa, Daniel Rafecas, y estuvieron reunidos con el magistrado en su despacho del tercer piso de la sede judicial.
Bullrich y Roncaglia, según las fuentes, “se pusieron a disposición del juez” y le aseguraron que “van a iniciar actuaciones en Asuntos Internos” de la Policía Federal contra los uniformados, que esta tarde proseguían detenidos.
Rafecas y la fiscal federal Paloma Ochoa llevan la causa penal que se abrió para investigar la actuación del jefe y subjefe de la ex División Antisecuestros de la Policía Federal y dos oficiales, acusados de supuesto entorpecimiento en la investigación por el secuestro de un taxista que terminó asesinado.
Fuentes judiciales informaron que los uniformados podría ser imputados de presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público” y al tratarse de un delito excarcelable posiblemente recuperarían la libertad en las próximas horas.
Los detenidos fueron identificados como el comisario Lionel Santos, el subcomisario Pablo Gil, el oficial inspector Bruno Mendoza y el suboficial inspector Diego Stella, según confiaron fuentes de la investigación a DyN.
Por su parte, el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal federal Carlos Stornelli llevan la causa por el secuestro extorsivo y homicidio del taxista Alberto Sarubbi, de 65 años.
El adolescente de 16 años capturado, que habría intentado cobrar el rescate, fue trasladado a un juzgado de menores, agregaron las fuentes. La División de Asuntos Internos de la Policía Federal inició un sumario contra los cuatro, acusados en la fuerza de “desobediencia” e “impericia”, y resolvió que pasen a servicio pasivo mientras se investigue lo ocurrido, por lo cual pasarán a cobrar la mitad del salario mensual.
Sarubbi fue tomado cautivo en la ciudad de Buenos Aires y sus captores exigieron el pago de 200.000 pesos a sus familiares en Ciudad Evita, partido de La Matanza.
El operativo se frustró al intervenir la Policía Federal, por lo que el taxista terminó asesinado y el juez federal Luis Rodríguez ordenó inmediatamente la detención de cuatro oficiales, todos de la cúpula de la ex División Antisecuestros de la fuerza de seguridad.
La Justicia interviniente dispuso que las pericias las realice Gendarmería Nacional.
