El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, acordó hoy con la comisión bicameral que hace el seguimiento de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal participar de una mesa de trabajo para coordinar la futura normativa con leyes en las que avanza el Congreso para su aplicación inmediata, con el fin de que la transición “sea exitosa”.

El ministro advirtió que “vamos a tener un lapso muy largo de tiempo en que vamos a empezar a convivir” la normativa vigente y la nueva, que por etapas se irá aplicando en distintas provincias del Norte y el sur del país.

Garavano coincidió con los legisladores en que hay que tener en cuenta que normas como la ampliación de la ley de arrepentido a casos de corrupción, la que contempla nuevas técnicas de investigación y la destinada a los delitos cometidos en flagrancia, pensadas en relación al código vigente, “deben tener coherencia con el nuevo Código porque la idea de que una pueda reemplazar a la otra” en el futuro.

Con ese fin, el ministro destacó que “estamos involucrados en que esta implementación (del nuevo Código Procesal Penal Federal) sea exitosa” para lo que manifestó que “el objetivo nuestro, el desafío, es hacerlo bien, de la mejor manera posible, sacar todos los condicionantes políticos coyunturales y generar un sistema penal que dé respuesta al reclamo de la población” de contar con mayor seguridad y una justicia eficiente y eficaz.

Las modificaciones propuestas por el Gobierno al Código Procesal Penal sancionado a fines de la gestión anterior apuntan a establecer, explicó, “pautas objetivas (a los jueces) para definir cuando estamos frente a un entorpecimiento de la acción de la justicia o pautas objetivas para evaluar el peligro de fuga para definir una prisión preventiva” y asegurar la prisión efectiva en delitos con penas mayores de 3 años si lo pide el fiscal.

También Garavano resaltó que “hemos avanzado” en la incorporación de herramientas para investigar a las personas jurídicas y en cuanto a las técnicas especiales de investigación precisó que “el proyecto incorpora al pie de la letra el último dictamen del Senado de la comisión respectiva, para tratar de generar esta coherencia”.

En una reunión realizada en el salón “Arturo Illia” del Senado, Garavano aceptó la sugerencia que le formularon los referentes de Cambiemos en la comisión bicameral, el diputado Mario Negri y el senador Angel Rozas, ambos de la UCR, con el fin de dar coherencia a las normas que tiene el tratamiento el Congreso con el contenido que tendrá el futuro Código, cuya puesta en marcha actualmente está suspendida.

También el presidente de la comisión bicameral, el justicialista Rodolfo Urtubey (FPV-PJ), advirtió al inicio de la reunión que “hay proyectos del Poder Ejecutivo que no coinciden con proyectos que hay presentados o con media sanción” por lo que advirtió que “va a haber que hacer un esfuerzo de compatibilización”, por ejemplo, con la ampliación de la ley del arrepentido, a la que se apresta a dar sanción definitiva la Cámara de Diputados.

En la reunión participó también la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y el coordinador del programa “Justicia 2020”, Ricardo Gil Lavedra, quien acompañó a Garavano.

El proyecto que envió el Poder Ejecutivo para modificar el nuevo Código Procesal Penal sancionado durante el gobierno kirchnerista, cuya aplicación suspendió, mantiene el sistema acusatorio propuesto durante la gestión kirchnerista.

Garavano explicó a diputados y senadores que el nuevo gobierno optó “por hacer cambios específicos, puntuales. Queríamos hacer la menor cantidad de retoques posibles y mantener la lógica” de la norma antes sancionada.

“Tenemos una oportunidad histórica que inició el gobierno anterior de poder poner en marcha este sistema acusatorio”, dijo el ministro y destacó que la propuesta es hacer un Código Procesal Penal Federal diferente al antes sancionado que, acotó, “estaba pensado para la lógica de la ciudad de Buenos Aires”.

En cuanto al tiempo que demorará la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, Garavano admitió que “las versiones más optimistas pueden hablar de 4 años” pero reconoció que en Chile, que es un país de organización unitaria, tardó 6 años.

El ministro estimó que “vamos a tener un lapso muy largo de tiempo en que vamos a empezar que tener que convivir” con la normativa actualmente vigente, hasta que finalmente se aplique en la zona central del país y la ciudad de Buenos Aires, lo cual “va a demorar varios años”, anticipó.