La asociación Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su “preocupación” por el proyecto de modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal (MPF), porque en el contexto de restarle atribuciones a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, podría poner en riesgo la continuidad de la “Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”.
Mediante una nota firmada por Estela de Carlotto y enviada a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, María Gabriela Burgos (UCR en Cambiemos), Abuelas advirtió que se incorporó al dictamen propuesto para debate en el pleno de la Cámara de Diputados “el requisito de cinco años de antigüedad en el cargo para desempeñarse como titular de una Procuraduría o Unidad Fiscal Especializada”.
Eso significaría la cesantía automática en el cargo del actual titular de la fiscalía especializada para apropiación de bebés durante la dictadura, Pablo Parenti, “quien si bien lleva más de una década de trabajo en el MPF no reúne el requisito de antigüedad en el cargo requerido”.
Abuelas recordó que desde la puesta en marcha de la unidad, en 2012, “se obtuvo una mejora sustantiva en la investigación judicial de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, tanto en lo relativo a la prolongación temporal de las investigaciones como en la cantidad de casos resueltos”, con la restitución de las identidades de nietos recuperados.
“No podemos aceptar una modificación como la que se propone que implicaría su inmediato desplazamiento, para eventualmente ser reemplazado por un fiscal que tal vez tenga cinco o muchos años más de antigüedad, pero ninguna experiencia en la temática de la Unidad, pues no se establece ningún requisito específico de idoneidad o especialización”, advirtió Abuelas.
El texto subraya, además, que a la misma situación quedarían expuestas otras unidades especializadas, como la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y de la unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).
El documento señala también la “preocupación” de Abuelas “por la creación de una ‘Procuraduría de Terrorismo’, sin que en la ley propuesta se delimite su finalidad y campo de actuación”, lo que conlleva “un severo riesgo de que sea utilizada para criminalizar la protesta social”.
