Lesa Humanidad: Gils Carbó participó en convocada por la Corte Suprema

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En el marco de una reunión de la Comisión Interpoderes celebrada en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que contó con una fuerte representación de todos los organismos involucrados en el proceso de verdad y justicia, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se puso «a disposición para generar todas las acciones interinstitucionales necesarias para garantizar el normal desarrollo de los juicios» y, en ese sentido, ofreció la labor de los cuerpos técnicos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Gils Carbó remarcó que «los juicios son una política de Estado y un compromiso internacional». En ese sentido, celebró la nueva sesión de la Comisión que reúne a todas las agencias del Estado y a actores involucrados en los procesos e identificó a esta instancia como el ámbito propicio para abordar las dificultades que se presentan en su desarrollo.

La procuradora general fue respaldada por los representantes de las organizaciones de derechos humanos, quienes rechazaron los «ataques» contra la jefa de los fiscales e indicaron que esas «embestidas» son «una forma de poner en riesgo los juicios».

La reunión, que fue encabezada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, abordó un amplio temario, aunque el foco de los problemas identificados en las demoras de los procesos fue puesto en las vacancias que se registran en los cargos del Poder Judicial de la Nación, lo cual dificulta la integración de los tribunales. En efecto, el juez Lorenzetti informó que se encuentran vacantes un tercio de los 900 cargos de magistrados federales y nacionales de todo el país.

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El titular de la Corte, quien reafirmó en la reunión que «los juicios son una política de estado que no dependen de ningún gobierno y que forman parte del contrato social de todos los argentinos», asumió el compromiso de abordar junto con el Consejo de la Magistratura el problema de las vacancias y de empezar a trabajar junto a los representantes del Congreso Nacional una ley de subrogancias.

Además, solicitó a la Cámara Federal de Casación -que estaba representada por cinco de sus jueces- que se encarguen de realizar un seguimiento de las agendas de los tribunales orales, uno de los ámbitos también identificados con la demora de los procesos.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, coincidió en el diagnóstico sobre la lentitud de la marcha de los juicios y citó al respecto los informes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que refieren la baja cantidad juicios con fecha de inicio respecto de la cifra de causas elevadas a debate oral y público.