Se hicieron 8 allanamientos para desarmar una red de talleres de ropa clandestinos que operaban en distintos puntos de Capital Federal. En las imágenes se ve la precariedad en la que viven y trabajaban los empleados.
Todos los trabajadores de los talleres que se allanaron eran de nacionalidad Boliviana y vivían en el mismo lugar donde trabajaban.
En uno de los talleres había un sistema de cámaras de seguridad instalado en la puerta. Según los empleados, el encargado tenía órdenes directas del dueño de no dejar pasar a nadie. Para investigar, la brigada de la policía Metropolitana se infiltró en los talleres e inspeccionó las condiciones en que trabajaban y vivían los empleados.
En otros casos, la policía intento ingresar mostrando su identificación, pero según cuentan los investigadores muchos empleados dejaban sus puestos de trabajo y se escondían. (Por eso algunos talleres usan cámaras de seguridad en la puerta, para poder esconder a los empleados).
Uno de los lugares allanados era un edificio en Floresta, en el mismo lugar funcionada el taller y también vivían los empleados que alquilaban pequeñas habitaciones y dormían de a dos familias para reducir los gastos. Los alquileres de las habitaciones eran descontados de los sueldos de los empleados. En los dormitorios había un fuerte olor a humedad y encierro, eran lugares sin ningún tipo de ventilación ni baños.
En todos los talleres había una especia de borra que dejan las telas al ser cortadas. Según personal médico que se encontraba en el operativo, esta borra es perjudicial para la salud de los trabajadores, ya que respiran constantemente el polvo sin ningún tipo de protección y este se adhiere a los pulmones provocando daños severos en la capacidad respiratoria
A los empleados se les pagaba entre $ 4.000 y $ 6.000 por mes, según la cantidad de prendas elaboradas. El horario laboral es era de 8hs a 20hs, de lunes a sábados. Lo que ronda $20 la hora.
Personal de Dirección Nacional de Migraciones se ocupo de identificar a los empleados en busca de antecedentes penales y el registro de migraciones, encontraron que tres de los empleados no tenían residencia o nacionalidad para vivir o trabajar en Argentina. Lo que significa que es un trabajador ilegal. Según los investigadores de Migraciónes, al dueño del taller se lo multa con una infracción de $378.000 por trabajador ilegal. Ademas AFIP le cobra otra multa de $6.500 por el trabajo en negro.
Los trabajadores contaron a la policía que ellos llegan al país con trabajo ya acordado por algún familiar o amigo que también trabaja en este tipo de talleres. También contaron a las autoridades que en muchos casos se ven obligados a cruzar la frontera de forma ilegal por ríos o escondidos en camiones ya que no consiguen autorización de residencia laboral en el país. Este es un tema complejo, en muchos de los talleres clandestinos se encuentran casos de trata de personas o trabajo esclavo.
Debido a estas complejidades en el operativo también participo la Dirección de atención y asistencia a la víctima, que son los encargados de verificar si son realmente trabajadores o posibles víctimas de explotación sexual o trabajo esclavo.
Este procedimiento se realiza mediante una entrevista privada a cada empleado donde el personal calificado de esta dirección logra identificar si la victima está diciendo la verdad o no.
En el operativo participo, Policía Metropolitana, D.O.E.M (división de operaciones especiales metropolitana), Policía Criminalística, AGC (agencia gubernamental de control), Dirección de Atención y Asistencia a la Víctima y la Dirección Nacional de Migraciones. La investigación de este operativo comenzó hace tres meses por orden del Juzgado Federal y Correccional a cargo del Dr. Martínez Di Giorgi.