Peritajes a 35 policías para saber quién rotuló sobres con dinero en La Plata

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Treinta y cinco policías de distintas seccionales de La Plata serán sometidos hoy a peritajes caligráficos por orden de la justicia local, con el fin de identificar a quienes rotularon los 36 sobres, con más de 150 mil pesos, encontrados en la Jefatura Departamental de ese distrito, que se cree fueron recaudados ilegalmente, informaron hoy fuentes judiciales.

La medida, ordenada por el fiscal de la causa Marcelo Martini, a cargo de la investigación, se realizará hoy en la Asesoría Pericial de los tribunales platenses y busca tener “cuerpo de escritura” de cada policía.

El fiscal intentará mediante esos análisis determinar quiénes fueron los responsables de ensobrar el dinero y asentar en ellos letras y números.

Los 35 policías cuya letra será peritada hoy tienen distinto rango, algunos de ellos son comisarios, y se constató que antes o después del allanamiento a la Departamental que permitió el hallazgo de los sobres recibieron llamados telefónicos de los policías imputados en esta maniobra.

La suma hallada, de acuerdo a la investigación, estaba destinada a cuatro jefes policiales actualmente imputados en la causa: el ex titular de la Departamental Darío Camerini (47); su segundo jefe, Rodolfo Carballo (50); el ex jefe de operaciones, Ariel Huck (40); y el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj (37).

La otra imputada es la oficial administrativa María de los Ángeles Ramírez, a quien acusan de encubrir a los demás sospechosos.

Cuando se conoció la noticia, el ministerio de Seguridad provincial desafectó del servicio a los cinco policías, lo que implica que se le redujo a la mitad su sueldo y se les retiró el arma reglamentaria.

Los sobres fueron encontrados durante una inspección sorpresiva realizada el 1 de abril último en la sede de la jefatura policial de La Plata en el marco de una investigación que inició en febrero el fiscal Martini a partir de una denuncia de Asuntos Internos de la cartera de Seguridad provincial, que informaba sobre un movimiento de sobres con dinero en la sede de la jefatura platense, situada en la calle 12, entre 60 y 61.

Ante el hallazgo de los sobres, el fiscal inició una pesquisa tendiente a identificar la procedencia y el destino que tenían los sobres.

En tal sentido, Martini pidió “que alguna persona que haya recibido pedido de dinero por parte de la Policía se presente y realice la denuncia, que aporte datos para saber la procedencia de la plata”.

En aquella oportunidad, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, aseguró que “el anónimo llegó a Asuntos Internos y se le dio intervención a la Justicia. El trabajo fue hecho por Asuntos Internos y ahora va a tomar profundidad porque la Justicia está interviniendo”.

Por este caso, el 10 de mayo pasado, la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías platense, que integran Carlos Silva Acevedo y Carlos Ariel Argüero, eximió de prisión a los acusados y a Ramírez, a quien le endilgaron la figura del encubrimiento.

Tanto a Camerini como a Carballo, Huck y Skramowskyj, les sumaron cargos por “asociación ilícita en concurso real con concusión (extracción de dinero hecha en provecho propio) e ideal con recepción de dádivas”.

La jueza de garantías Marcela Garmendia, que avaló toda la investigación realizada por el fiscal Martini, requirió su detención, que posteriormente quedó desvirtuada por la decisión de la Alzada.

Los camaristas, que hicieron lugar a un recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa, a cargo de Ricardo Bianchi y Juan Di Nardo, consideraron que “sin desconocer que se está ante la presunta comisión de graves conductas ilícitas, (…) de la lectura de las constancias de autos, no se advierte en la descripción de la plataforma fáctica desarrollada tanto por el señor agente fiscal, así como en la convalidada por el juez de grado, en qué habría consistido la imputación que se dirige contra los cuatro imputados”.

En el Tribunal de Casación provincial se encuentra en estudio un planteo de nulidad del procedimiento, interpuesto por los abogados de los acusados, quienes denunciaron la afectación de garantías y derechos constitucionales.