Causas acumuladas, paredes rotas y húmedas, falta de espacio y seguridad son solo algunas de las características que evidencian el colapso del sistema judicial en la Provincia de Buenos Aires. En el medio, las promesas incumplidas de los gobiernos.
Para explicar este deterioro hay que mirar la cuestión desde un punto de vista estructural: la falta de control del presupuesto y el rechazo de la reforma procesal penal realizada en 1998. “Pensaron en la reforma, pero no en el sistema edilicio”, coinciden las fuentes consultadas por Hoy. Ese año se dividió a la Provincia en 18 departamentos judiciales y se introdujo en el escenario al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, señaló el diario Hoy de La Plata.
Desde las 8, cientos de personas desfilan por las distintas fiscalías de la Provincia para denunciar un robo, asesinato, amenazas y otros delitos. A las 14, ese escenario desaparece porque la Justicia trabaja seis horas de lunes a viernes (salvo la fiscalía de turno, que también lo hace los fines de semana).
Al día siguiente, el panorama vuelve a repetirse. Esas causas, con suerte y en caso de que avance la investigación, van a parar a los tribunales o a los juzgados correccionales. Quienes no cuentan con recursos para pagar a un abogado particular deben apelar a la paciencia y pedir turno en la Oficina de Atención a la Víctima, para después esperar varios días hasta ser atendido por uno de los pocos letrados que trabajan allí.
“La reforma procesal penal de 1998 en la Provincia no iba a funcionar por improvisada. Lo que estaba pasando en el país no era inseguridad, era criminalidad que es algo concreto, palpable y tangible. Un delincuente roba pero no mata, un criminal mata aunque no robe nada a su víctima”, sostuvo el abogado penalista de Mar del Plata, Martín Ferrá.
Esa transformación en materia penal no fue acompañada por la mejora edilicia, por recursos humanos o, al menos, un aumento significativo del presupuesto. Durante 1999, el poder político provincial dispuso un presupuesto de $526.432.000 para todo el Poder Judicial; para el año 2002, tuvo un ínfimo incremento a $545.620.000.
Este año, el dinero destinado al Poder Judicial es de $15.892.080.000, de los cuales solo $415.710.000 corresponden a la Fiscalía de Estado. En medio año de administración de María Eugenia Vidal no se avanzó en nada.
Promesas incumplidas
“El presupuesto del Poder Judicial bonaerense sigue siendo manejado por el Ejecutivo. Sin una autarquía financiera difícilmente la cabeza de la Corte tenga una mayor capacidad de compra de inmuebles o de construcción de un polo judicial”, comentó Julián Axat, quien se desempeñó como defensor oficial durante diez años en los tribunales de La Plata.
“Cuando era ministro, Ricardo Casal le prometió a la Corte bonaerense el manejo del presupuesto, cosa que no ocurrió. Hubo un cambio de gobierno y no he escuchado que tengan miras de darle el control del manejo presupuestario ni la autarquía financiera al máximo tribunal”, añadió el actual procurador general de la Nación.
En este sentido, el letrado fue claro en cuál es uno de los problemas de fondo de la Justicia: “Hay un problema estructural que tiene que ver con quién controla y ejecuta el presupuesto. Mientras siga siendo manejado por la gobernación va a seguir el problema. También es una de las herramientas de subordinación política”.
Homicidios, peleas, robos, violaciones y venta de drogas completan el combo diario en las fiscalías y tribunales del Conurbano. Dos de los mayores colapsos se dan en Lomas de Zamora y en San Martín, donde la estructura edilicia se cae a pedazos. Este panorama se repite en los demás distritos.
Las causas acumuladas tardan, en promedio, 40 meses en ser resueltas.
La estadística de los últimos años en resolución de causas es realmente alarmante. De acuerdo a los datos elaborados por la propia Procuración General de la Provincia, durante 2015 ingresaron 624.471 IPP (Investigación Penal Preparatoria), de las cuales se archivaron y desestimaron 595.268, es decir el 92,58%.
Del resto de ese porcentaje solo se elevaron a juicio 29.203 casos en todo el territorio bonaerense, lo que representa el 4,54% del total. Otra cuestión más grave aún es que las sentencias condenatorias alcanzaron a 10.616 IPP, es decir el 1,7%.
Una de las mayores quejas de los bonaerenses –la inseguridad- se explica en el hecho de que los denominados delitos por “robo agravado con uso de arma” fueron 57.288, de los cuales se desestimaron 48.501 casos –es decir, el 91,8%-, una alarmante cifra teniendo en cuenta la crisis en seguridad que hay en el territorio bonaerense. La elevación a juicio por ese delito alcanzó apenas a 3.364 IPP, el 6,4%.
Fiscalía y Defensa, igual deterioro
“Para ubicar la nueva estructura del Ministerio Público hubo que desalojar de urgencia el edificio de la Dirección Provincial de Vialidad, reacomodar a sus cientos de empleados y armar despachos judiciales. Sus grandes ventanales -sin rejas- fueron una invitación a múltiples fugas de imputados que ganaban los jardines de calle 7 entre 56 y 57, con más facilidades que un pelotero para niños”, sostuvo Marcelo Romero, rodeado de sillas y cables rotos, y sin una instalación acorde para evitar la electrificación.
A esto se suma el ruidoso sistema de calefacción y la falta de un espacio acorde para interrogar a los detenidos. Lo que genera un ámbito de inseguridad para el propio personal.
“Trabajé durante diez años en la Defensoría de calle 8, en los techos, en cubículos de cuatro por cuatro que les dan a los defensores para atender a los presos, y eso no puede ser. El defensor debe tener un espacio para atenderlos”, comentó Julián Axat.
