La Fiscalía de la Ciudad clausuró anoche el club donde funcionaba la “Asociación Civil de Poker Texas Hold’em” de Argentina por no tener habilitación para la actividad de juego.
El club ubicado en Boedo 843, estaba habilitado como club social, cultural y deportivo. Sin embargo, realizaba torneos de poker y otras actividades de juego no autorizadas.
Durante la investigación la fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35 pudo verificar que la Asociación Civil de Poker Texas Hold’em de Argentina era usado como espacio para el juego clandestino.
Ramírez solicitó una orden de allanamiento al club que fue autorizada por el juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°1. El operativo fue realizado por la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía Metropolitana, a cargo Sergio Herrera.
Durante el allanamiento, la Policía Metropolitana constató que en el primer piso se estaba desarrollando un torneo de poker en el que participaban 51 jugadores, distribuidos en 5 mesas de juego. Sobre las mesas había una gran cantidad de fichas y mazos de cartas. Además contaban con monitores en las paredes donde se observó puntajes, precios y datos de los jugadores participantes del torneo.
En el operativo se secuestraron computadoras, fichas de poker de diferentes valores, mazos de cartas de poker y documentación, entre otras cosas. Los presentes en el club fueron identificados por la policía.
“Al comprobar la actividad de juego clandestino durante el operativo se imputó a Carlos Enrique González, responsable de la Asociación Civil de Poker Texas Hold’em de Argentina por infringir el artículo 116 del Código Contravencional, que prohíbe organizar y explotar juego sin debida autorización”, señaló la fiscal Ramírez.
Del allanamiento también participaron representantes de Lotería Nacional, y el Instituto de Juegos y Apuestas del Gobierno porteño. Además estuvieron presentes inspectores de la Agencia Gubernamental de Control y de la Dirección General de Fiscalización y Control, quienes inspeccionaron el lugar y procedieron a la clausura.
