La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y envió al Senado dos proyectos del Poder Ejecutivo para combatir la inseguridad, que contemplan incorporar el procedimiento de flagrancia para delitos menores y crear nuevas figuras para luchar contra el crimen organizado.
El tratamiento de los proyectos demandó más de seis horas, para finalmente ser aprobados por 171 votos afirmativos, 11 negativos y 9 abstenciones, el primero; y por 129 a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el segundo.
La diferencia en los votos recibidos por cada uno de los proyectos radica en que el de Flagrancia fue acompañado por la mayoría del bloque FPV-PJ; mientras que el de las nuevas técnicas de investigación fue rechazada por ese bloque, que se retiró del recinto minutos antes de su votación.
El debate de los proyectos fue abierto por el presidente de la comisión de Seguridad Interior, Luis Petri (UCR-Cambiemos), quien señaló que con el procedimiento de flagrancia se “defenderá al imputado en sus derechos, asistir a la víctima y atenderá el reclamo de la sociedad”.
“Se considera delito en flagrancia cuando el delincuente es perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor popular”, puntualizó el diputado oficialista al defender el proyecto del Poder Ejecutivo. Y agregó que “el detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas desde la detención”, prorrogables por otras 24.
Como titular de la comisión de Legislación Penal, la también radical Gabriela Burgos consideró que “se ha cambiado la fisonomía del accionar delictivo, y los delitos que antes eran comunes se han transformado en complejos”.
“Necesitamos herramientas útiles para poder afrontar este tipo de delincuencia, conformada por bandas altamente organizadas, muchas de ellas con un fuerte poder económico”, completó.
Desde el Frente para la Victoria-PJ, la diputada Diana Conti justificó rechazo al proyecto que crea las figuras especiales para las investigaciones al señalar que “se busca volver a la vieja dinámica donde los dueños de la investigación son los policías, con un leve control del juez”. “El Ministerio Publico Fiscal quien debe promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad aquí brilla por su ausencia”, lamentó.
Por último, sentenció: “Bajo la denominación de técnicas especiales de investigación se normativizan figuras e institutos que podrían retrotraernos a resultados de un estado policial que en modo alguno deseamos”.
La diputada kirchnerista, al igual que la líder de Libres del Sur, Victoria Donda, destacaron el discurso de su par de la Izquierda, Myriam Bregman, quien expresó que “con la ley de flagrancia, el Gobierno busca darle más poder a las fuerzas represivas y aumentar cualitativamente los mecanismos de control social contra los sectores populares”. “Se le da un enorme poder a las fuerzas represivas del Estado. Bajo la forma de un proceso más expeditivo, se les da una enorme facultad para extorsionar, armar causas, plantar pruebas”, advirtió.
El proyecto que incorpora el procedimiento de flagrancia -cuando el autor es aprehendido en el momento de cometer el delito- se podrá utilizar para aquellos ilícitos con penas menores a quince años y el objetivo es que esos juicios sean abreviados y tengan una rápida condena. En ese sentido, el texto establece que “el detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas desde la detención”, prorrogables por otras 24.
En cuanto al otro proyecto, incorpora las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción aunque no contempla especificaciones para la figura del arrepentido para casos de corrupción que fue excluido finalmente del texto. De acuerdo a la iniciativa se considera agente encubierto a un integrante de las fuerzas de seguridad, que se infiltra en organizaciones criminales para identificar o detener a los participantes o autores del delito y aportan pruebas para la investigación de un delito complejo.
El agente revelador es un miembro de las fuerzas de seguridad que muestra interés en comprar para sí o terceros bienes, armas estupefacientes, o participa de una actividad criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicados en un delito o detenerlas. El proyecto consensuado aclara además que “el accionar del agente revelador no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo, por lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las organizaciones criminales como parte de ellas”.
A través del proyecto se establece que “cuando se encontrase en peligro la vida de la víctima o su integridad psíquica o física o la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación, el juez y el fiscal de la causa podrán actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entienda pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar”.
