El gobierno nacional dispuso la creación del “Programa integral de gestión de arsenales y trazabilidad de armas y municiones”, con el objetivo de “minimizar el robo, desvío y pérdida” de estos elementos pertenecientes a las fuerzas policiales y de seguridad.
La medida fue dispuesta mediante la resolución 236/2016 del Ministerio de Seguridad, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la cartera, Patricia Bullrich.
El objetivo del programa es “desarrollar e implementar medidas de control de armas, gestión de riesgo y alerta temprana para minimizar el robo, desvío, pérdida y proliferación de armas, partes de armas, explosivos y municiones de las fuerzas policiales y de seguridad, por medio de la elaboración de medidas de tecnología, equipamiento, formación, capacitación, doctrina y disciplina”.
Los responsables del mismo deberán “coordinar el desarrollo de un diagnóstico de la situación de los arsenales de las fuerzas policiales y de seguridad federales, en especial en lo atinente a las medidas de seguridad con las que los mismos cuentan para evitar el desvío de armas y/o municiones”.
Asimismo, tendrán que “desarrollar e implementar medidas para incrementar la seguridad” de esos arsenales, “incluyendo medidas de seguridad física, procedimientos operativos y definiciones doctrinarias y sistemas de gestión de inventarios”, así como también “desarrollar e implementar medidas para incrementar la trazabilidad de las armas y municiones”.
En los considerandos de la resolución se remarca que “la violencia con armas de fuego es una de las principales causas de homicidios y lesiones graves en el país”, y que “de acuerdo a las estadísticas disponibles, provenientes de fuentes académicas, al menos el 51% de los homicidios en el país son cometidos con armas de fuego”.
Además, se da cuenta de datos del 2013 de un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se indicaba que “el 60% de los internos en la República Argentina afirmaron haber llevado armas a la hora de cometer su delito, y de ellos el 37% dijo haberla usado” y que “asimismo, 37,9% afirmó que el arma ‘se la dio un amigo o un policía’”.
En otro párrafo, el Gobierno señala que Argentina “posee un mercado relativamente importante de armas de fuego y municiones, siendo el tercer exportador de América latina, según fuentes académicas, y que prácticamente la totalidad de las armas del mercado ilegal pertenecieron alguna vez al mercado lícito”.
En ese marco, advierte que “una fuente importante de desvío de armas de fuego y municiones hacia el mercado ilegal lo conforman los diferentes arsenales y depósitos de armas de los organismos públicos, tales como las fuerzas policiales y de seguridad federales, las policías provinciales, las Fuerzas Armadas y los depósitos de armas judiciales”.
“Por ende, resulta necesario proveer las medidas necesarias a los fines de desincentivar el desvío de armas y municiones en posesión de los organismos públicos hacia el mercado ilegal, así como instrumentar herramientas para la rápida detección de casos en los que las armas y/o municiones sean desviadas”, agrega al fundamentar la creación del “Programa integral de gestión de arsenales y trazabilidad de armas y municiones”.
El año pasado, tres arsenales del Ejército sufrieron el robo de armamento: en el Batallón de Ingenieros 601, de Campo de Mayo, se registró la sustracción de nueve pistolas 9 mm; en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, de Santa Fe, se robaron 26.000 municiones; y de una dependencia de la fuerza en La Plata se llevaron un misil antitanque TOW 2.
