El fiscal Santiago Vismara solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Nº24 que condene al ex comisario Enrique Meta a cuatro años y seis meses de prisión por considerarlo responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y encubrimiento. Además, pidió que se decomisen varios de los bienes que adquirió ilícitamente mientras estaba al frente de la Comisaría Nº24 del barrio de La Boca, que se le aplique una multa del 100% con respecto al monto por el cual se enriqueció y que se le dicte una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Durante el juicio, se llevaron adelante cuatro causas, tres de las cuales tenían a Meta como imputado. Además del expediente por enriquecimiento, se lo investigó por el cobro de 10 mil pesos a través de su hombre de confianza, el principal Fabio Nuñéz, para que Richard “El Uruguayo” Laluz Fernández, uno de los ex líderes de la barra brava del club Boca Juniors, pudiera eludir a la justicia. Ese monto habría sido pagado por otro de los miembros de la barra, Maximiliano Mazzaro. Para Nuñez, el fiscal requirió dos años y seis meses de prisión y, al igual que para Meta, una inhabilitación perpetua mientras que para Mazzaro pidió dos años de prisión.
En el otro expediente en el que está involucrado el ex comisario, se lo acusa de haber dañado dos pistolas que estaban bajo su custodia y que habían sido secuestradas a un miembro de la barra de Boca Juniors. También, estaba imputado el jefe de servicio de la Comisaría 24 Diego Martelo, pero el fiscal solicitó su absolución por considerar que no había podido probarse su participación, por lo que el Tribunal lo absolvió luego del alegato.
La última de las causas involucra a un inspector de la División de Análisis de Eventos Deportivos de la Policía Federal Argentina. A Esteban Alberto Perez Méndez, se lo acusa de proteger a Laluz Fernández y evitar que miembros de la División de Investigaciones de Conductas Delictivas de la PFA lo detengan, ya que tenía una orden de captura en su contra. Para Pérez Méndez, Vismara solicitó una condena de dos años y seis meses de prisión y una inhabilitación para ocupar cargos públicos por un año.
Según el fiscal, los hechos que se juzgaron durante el juicio se relacionan todos con las actividades ilícitas desplegadas por la “barra brava” de Boca, “triste protagonista de episodios violentos durante los partidos”. Y agregó: “Lo que se mostró fueron maniobras ilícitas destinadas a darle protección a miembros de la barra ejecutadas por el comisario de La Boca y otros miembros de esa fuerza”. Según dispusieron los jueces Marcelo Roberto Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos, el juicio continuará mañana con las últimas palabras de los acusados y probablemente, el veredicto.
Protección a la “barra brava” de Boca
El 23 de marzo de 2008, Boca Juniors jugaba en su cancha contra Colón de Santa Fe. Debido a que una semana antes se habían producido incidentes entre barras antes del partido con Argentinos Juniors, se reforzó la seguridad en los accesos y las calles aledañas a la “Bombonera”. Ese operativo de seguridad fue organizado por Meta, que en su indagatoria durante el juicio relató las funciones que cumplió aquél día.
Cerca de las 15:00, un grupo de hinchas que pertenecían a la facción denominada como “Los de Lomas”, intentaron ingresar a la cancha, a pesar de que el club había aplicado el “derecho de admisión” por lo que no podían ingresar al estadio. Según relató el fiscal durante su alegato, el comisario decidió “encapsular” y detener a los involucrados luego de que desobedecieran su orden de alejarse de la zona.
Entonces, 22 personas fueron aprehendidas en Del Valle Iberlucea y Aristóbulo del Valle, a metros del estadio. Fueron trasladadas a la Comisaría 24, ubicada a cinco cuadras pero en el libro de novedades de la seccional sólo figuraron 21. El nombre que faltaba era el de Richard “El Uruguayo” Laluz Fernández, uno de los líderes de la barra brava en ese momento y que tenía un pedido de captura vigente desde junio de 2006, solicitado por el Juzgado Nacional de Instrucción Nº49.
La maniobra fue descubierta por la Fiscalía de Distrito de La Boca, que días después recibió los videos de las cámaras cercanas al estadio “Alberto J. Armando”. En las filmaciones, exhibidas por Vismara durante el debate, se observa a Laluz Fernández conversando con Meta durante el operativo. También, se ve cuando ingresa al camión de detenidos que se dirigía a la comisaría 24. Durante el juicio, declaró una de las personas detenidas con “el Uruguayo” y aseguró haberlo visto entrar a la comisaría pero que no estaba en el calabozo con el resto. Otro de los detenidos dijo que, antes de subirse al camión de la PFA, Laluz se dirigió hacia donde estaba la facción denominada “La 12” y les realizó un gesto “como preguntándoles qué estaba pasando”.
Laluz Fernández declaró también en el debate y sostuvo la misma versión que dio a lo largo de toda la causa. Indicó que Meta le expresó que suba al camión “que todo se iba a solucionar”; que en la comisaría apareció Mazzaro y que con él se dirigió a la oficina del comisario, donde una persona “de civil” le mostró su pedido de captura. Luego, contó que fue hacia un local de comidas rápidas ubicado frente al Parque Lezama y que allí Mazzaro juntó seis mil pesos para darle a Nuñez, con quién se encontraría en las inmediaciones del casino, en Puerto Madero. La entrega de los cuatro mil pesos restantes se dio durante el transcurso de esa semana. Para el fiscal, lo expuesto por el ex “número 3 de la barra” se ve reflejado en el video y corroborado por los demás testigos.
Vismara detalló que los jefes de brigada de la PFA suelen vestirse de civil y recordó que Nuñez era el “hombre de confianza” de Meta, por lo que resultaba lógico que fuera él y no Meta a cobrar “el dinero espurio”. Detalló, además, que fue el mismo Nuñez quién dijo en su indagatoria que había visto a Laluz Fernández aquél día en la cancha y que lo conocía. El ex comisario, a pesar de tener experiencia y estar abocado a los operativos relacionados con Boca Juniors, aseguró no conocer al “Uruguayo”.
Con respecto a Mazzaro, el representante del Ministerio Público descartó que, en marzo de 2008, él y Laluz estuviesen peleados, como aseguró en su indagatoria. Recordó que a ambos se los veía en las tribunas de la cancha juntos. A Mazzaro le imputó el delito de cohecho activo. A Meta y Nuñéz, los delitos de encubrimiento agravado y cohecho pasivo, por ayudar y favorecer la elusión de la justicia de Laluz Fernández
El otro hecho que vincula al ex barra con un funcionario de la policía ocurrió dos meses después, el 14 de mayo de 2008. Aquel día, Boca Juniors jugaba de local en el estadio de Vélez Sarsfield contra el equipo mexicano Atlas. Un grupo de efectivos de la división de Investigaciones de Conductas Delictivas tenía la misión de detener a Richard. Tal como relataron los miembros de Investigaciones, sólo tenían los rasgos generales del buscado, no un identikit. Cuando vieron a alguien similar y se disponían a identificarlo, Esteban “El Tiburón” Pérez Méndez, inspector de la división de Análisis de Eventos Deportivos de la PFA, los frenó y les dijo que era “un trapito”. Los testigos indicaron que esa unidad tenía mayor conocimiento sobre el tema “barra bravas”, ya que ellos eran los encargados de identificarlos y que, incluso, viajaban a los partidos que se jugaban fuera del país y que por ese motivo, confiaron en la palabra del acusado.
Al respecto de esta causa, Laluz aseguró que fue “El Tiburón” quién le alertó que lo buscaban y que le aconsejó que mintiera sobre su identidad. El fiscal acusó al ex funcionario policial por los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público.
La tercera causa vuelve a vincularlo a Meta con la protección a los integrantes de la “barra brava”. El 5 de octubre de 2008, en la intersección de las calles Espinosa y Martín Rodríguez, en La Boca, la División Investigaciones de Conductas Delictivas realizó un operativo policial donde detuvo a Oscar Otazú. Dentro de su auto Volkswagen Bora se encontraron dos pistolas calibre 9 milímetros: una Pietro Beretta con silenciador y una marca Taurus. En ese momento, uno de los miembros de la División examinó las armas y corroboró que eran aptas para el disparo.
El operativo se trasladó luego hacia la Comisaría 24, donde el jefe de servicio Diego Martelo se encargó de colocar las pistolas en un cofre que funcionaba como “caja fuerte” y del que sólo él tenía la llave. Las armas estuvieron a resguardo hasta las 8 de la mañana del día siguiente, cuando Meta llegó a la comisaría y pidió que se las llevaran a su despacho. Cerca de las 11, el armero de la dependencia notó que estaban dañadas.
Para Vismara, fue Meta quién las tuvo durante un “lapso considerable” dentro de su oficina y puntualizó que para inutilizar dos pistolas se requerían aproximadamente diez minutos. “Queda claro que el daño a las armas fue para mejorar la situación procesal de Otazú” sostuvo. Citó, además, el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 que condenó al ex barra brava a dos años y siete meses de prisión y que estableció que la rotura de las pistolas lo beneficiaba.
Indicó también que, apenas comenzado el procedimiento, Meta envió gente de su confianza para saber lo que sucedía y estableció que el móvil para la destrucción de las armas, que según el peritaje fue con un alicate, fue el pago de una suma de dinero por parte de integrantes de la hinchada de Boca. Según escuchas que constan en la causa, la retribución habría sido de 150 mil pesos.
Al ex comisario, Vismara lo acusó del delito de destrucción de objetos que van a servir como prueba agravada por ser el custodio y cohecho pasivo y afirmó que la destrucción fue en su oficina. Con respecto a Martelo, consideró que no hay evidencia para involucrarlo e indicó que no se pudo constatar que se haya beneficiado económicamente o de alguna otra manera por el hecho.
Enriquecimiento
Meta está acusado de haberse enriquecido ilícitamente entre 2006 y 2011, mientras ejercía como comisario en la 24. El fiscal detalló que durante ese período de tiempo, el acusado incorporó una cantidad apreciable de bienes a su patrimonio y que algunos no fueron ni siquiera consignados en sus declaraciones juradas.
Según explicó, los bienes cuestionados fueron los siguientes: un departamento ubicado en San Bernardo adquirido en 2006 por 12.500 dólares; un departamento en Caballito de 31.500 dólares en 2007; otro departamento con cochera en Villa Luro valuado en 56 mil dólares en 2009; un automóvil Chevrolet Corsa adquirido ese mismo año. Esos dos bienes fueron ocultados de las declaraciones juradas presentadas al igual que el departamento que adquirió en 2011 en Liniers por 40 mil dólares. Además, no pudo explicar el origen de 100 mil pesos consignados en su declaración de 2008 como ahorros de su esposa y que señaló como procedentes de una venta. Por último, se le cuestionó el incremento de 20 mil pesos anuales entre 2006 y 2009 y en el año 2011, que asciende a 100 mil pesos.
El fiscal hizo un pormenorizado análisis de cada uno de los períodos cuestionados y presentó seis gráficos al Tribunal dónde se observaban las disparidades que presentaban las declaraciones juradas. Para el representante del Ministerio Público, el acusado escondió bienes deliberadamente. Según estableció, en base al peritaje contable realizado y las estimaciones mínimas de las canastas básicas establecidas por el INDEC para aquellos años, hubo un monto injustificado de 303 mil pesos. Indicó que ese valor debe actualizarse, por lo que daría un total actual de 547 mil pesos.
En este causa, la fiscalía tuvo la colaboración de la Procelac, a través del contador Guillermo Bellingi y de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo de María del Carmen Chena.
La acusación fue por el delito de enriquecimiento y tuvo en cuenta que no tenía dificultades para ganarse el sustento, que tenía experiencia y que aprovechó su rol jerárquico dentro de la comisaría. Además de la pena de prisión, Vismara solicitó que se le aplique una multa del 100% sobre lo que fue su enriquecimiento y pidió el decomiso de los departamentos ubicados en Caballito, Villa Luro y Liniers. Preventivamente, le requirió al Tribunal que trabe un embargo sobre los inmuebles para que puedan ser efectivamente decomisados una vez que el fallo quede firme.
(fiscales.gob.ar)
