Denuncian a un fiscal federal por encubrir varios prostíbulos

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Con bronca, y asqueada de todo lo que escuchaba y conocía, decidió hacer la denuncia. Se comunicó con el 145, el número del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y contó lo que pasaba en Pasos de los Libres, Corrientes: en un prostíbulo había adolescentes ejerciendo la prostitución y las personas que regenteaban el lugar actuaban en connivencia con importantes funcionarios judiciales.

La mujer que hizo esa denuncia anónima, el 16 de octubre pasado, aportó más datos y afirmó que cada vez que se iba a hacer un allanamiento en el prostíbulo Roxi, alguien les avisaba a los encargados para que pudieran “limpiar y hacer desaparecer las pruebas”. También relató que por el puente internacional Paso de los Libres-Uruguayana pasaban menores de edad escondidas en los baúles de los autos hacia Brasil. Señaló al fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, como el contacto que colaboraba con los explotadores, publica el diario La Nación.

En las últimas horas, tras siete meses de investigación, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, y el fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer denunciaron a Pont por haber “garantizado la impunidad” de una organización dedicada a la trata de personas. La banda estaba integrada por un cuñado del funcionario judicial, identificado como José María Viero, un comandante mayor retirado de la Gendarmería Nacional.

Los fiscales Colombo y Schaefer también denunciaron a un ex socio comercial de Pont, identificado como Ricardo Aguirre, y a otras dos personas. En las últimas horas, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, decidió hacer un auditoría en la fiscalía de Font, que pidió una licencia.

La organización criminal, según la denuncia, estaba destinada a la “captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual en los locales. Para lograrlo, los sospechosos pusieron en funcionamiento dos whiskerías (Roxi o Puro Movimiento y Balizas o Dancing) donde se ofrecían los servicios sexuales de las mujeres prostituidas, y un hotel, Momentos, donde se prestaban los servicios y se alojaba a las víctimas previamente captadas y trasladadas para su posterior explotación, conformando así un único sistema prostibulario. El beneficiario final del producto económico sería Viero”.

En marzo pasado se informó que el prostíbulo Puro Movimiento y el hotel Momentos funcionaron durante dos años a pesar de que habían sido allanados y clausurados, y que incluso se había decretado su decomiso en favor del Estado.

Los fiscales Colombo y Schaefer sostuvieron, en la denuncia presentada ante la jueza federal de Paso de los Libres Cristina Pozzer Penso, que Viero aprovechó su carrera previa en la Gendarmería y de su parentesco con el fiscal Pont para garantizar el funcionamiento de los locales y su impunidad “pese a las reiteradas investigaciones que pesaron sobre los comercios”.

Sobre el fiscal Pont, los representantes del Ministerio Público afirmaron que “realizó aportes para garantizar la impunidad de Viero y de los otros miembros de la organización, que consistieron tanto en maniobras omisivas como en acciones” directas.

Fuentes judiciales resaltaron el trabajo hecho en el caso por el personal de la División Trata de Personas y otros detectives de la Policía Federal Argentina.

Los mismo informantes contaron un detalle alarmante: cuando Pozzer Penso se hizo cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres como subrogante descubrió que había cámaras de seguridad que eran manejadas de forma remota. Lo mismo sucedía con algunas computadoras del juzgado.

En la denuncia, Colombo y Schaefer le solicitaron a la magistrada una serie de medidas de prueba y la prórroga del secreto de sumario.

“Se ha comprobado que los imputados cuentan con una organización en la que algunos de sus integrantes son los encargados de avisar antes de que se hagan los allanamientos”, sostuvieron los fiscales denunciantes.