Tres jóvenes acusados de vender drogas en fiestas electrónicas fueron detenidos en un operativo realizado en las últimas horas por la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Se sospecha que uno de ellos estuvo vendiendo en Costa Salguero, donde el sábado pasado cinco chicos murieron intoxicados.
Fuentes judiciales informaron a Online-911 que el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos, a partir de un dato que surgió de una causa iniciada el año pasado en la fiscalía Penal Económica Nro 5, a cargo de Miguel Schamun.
Los voceros dijeron que Schamun investigaba la venta de drogas sintéticas en la fiesta de Creamfield que se llevó a cabo el año pasado en la ciudad de Buenos Aires. En base a distintas escuchas telefónicas, se pudo establecer que los sospechosos podrían tener relación con la comercialización de estupefacientes en Time Warp.
A partir de esa información es que el juzgado de Schamun se declaró incompetente y envió la causa a Casanello, quien ayer ordenó las detenciones de los tres sospechosos.
Las fuentes señalaron que los supuestos dealers fueron demorados en distintos operativos realizados por la Policía Federal Argentina. Uno es de origen colombiano, otro dominicano y el tercero argentino.
Según los investigadores, el joven argentino habría estado en la Time Warp, de acuerdo a los elementos de prueba que figuran en la causa.
Los tres sospechosos serán indagados en las próximas horas.
En tanto, el juez Casanello llamó a indagatoria a 28 imputados, entre ellos el organizador del evento, Adrián Conci, el responsable de la seguridad privada y 19 miembros de Prefectura.
A raíz de presuntas deficiencias en los controles de ingreso, seis integrantes de la Prefectura fueron pasados a disponibilidad. Fuentes de la investigación señalaron que tres de ellos son el prefecto Alberto Pandiani, el jefe de servicio subprefecto Adrián Álvarez y la cabo segunda Ivana Gómez, sobre quienes pesaban pedidos de declaración indagatoria realizados por el fiscal del caso, Federico Delgado.
El juez fundó el llamado a indagatoria para prefectos, funcionarios porteños y personal de seguridad privada en “las circunstancias informadas por testigos”, que señalaron que, “si bien había personal de seguridad, al ingresar no solicitaban la exhibición del DNI y que la revisación era escasa” y que “ni bien se entraba, los vendedores de drogas recibían a la gente ofreciendo ‘keta, lcd, éxtasis, cocaína y superman'”.
Entre las evidencias que cuenta el magistrado, está “el hallazgo de una bolsa tipo consorcio, en poder de la cabo segundo Ivana Maricel Gómez, la que habría sido recibida de parte de personal de la seguridad privada a las 3, aproximadamente; al momento de esa entrega, estaba presente el Prefecto Alberto Pandiani, a cargo del operativo”.
“Abierta la bolsa, se hallaron cigarrillos y pastillas, que fueron entregados a la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la PFA por parte del Jefe de Servicio Subprefecto, Adrián Álvarez”, añade.
Los testimonios y “estas constancias documentales permiten vislumbrar el actuar del personal de la fuerza de seguridad designado en carácter de ‘policía adicional’, quienes, como mínimo, no ejercieron los controles prevencionales propios de su función y actuaron en forma coordinada con el personal de la seguridad privada que estaba dentro del predio”, apuntó.
Otra prueba es “el Libro de Actas N°11 de la Sección Policía Adicional de la Prefectura Buenos Aires, en cuyos folios 98/101, se da cuenta del actuar de 18 miembros de esa fuerza, dentro de los cuales 4 fueron identificados como ‘superiores’. Todos ellos prestaron funciones desde las 21 del viernes hasta las 6 del sábado y signaron el libro”.
El juez intentará determinar, entre otras cosas, qué tipo de relación hubo entre la Prefectura y la empresa organizadora del evento, Dell Producciones.
