La diputada nacional Elisa Carrió arremetió sin piedad contra el Poder Judicial. O, mejor dicho, contra ciertos sectores de la Administración de Justicia y del Ministerio Público.
Dijo la legisladora de Cambiemos que “Estoy harta de haber sido denunciante porque no había Fiscales en la Nación que denuncien” y de “tener custodia permanente cuando los asesinos y delincuentes están libres”, al tiempo que consideró que “si no hay justicia, la Argentina no tiene destino”.
Al integrar el Ministerio Público, que en la Provincia de Buenos Aires es parte constitutiva del Poder Judicial, soy parte interesada y -por ende- me alcanzan las “generales de la ley”.
Sin negar que puedan existir integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público que no honren su juramento, o que -lisa y llanamente- hayan cometido o cometan delitos, la inmensa mayoría de los integrantes de la Justicia somos gente de bien, con nuestros errores y limitaciones. Con nuestros aciertos y desatinos. Pero gente honesta al fin de cuentas, con una enorme vocación de servicio y amor por nuestro trabajo.
Sin embargo, no estamos dando las respuestas que la ciudadanía exige, en su carácter de sostén de la Instituciones Republicanas mediante el pago de sus tributos y destinataria de nuestras decisiones.
El fuero penal de los tribunales argentinos se ha convertido en una burbuja ideológico-doctrinaria, donde abundan teorías foráneas y estrambóticas que se ubican en el otro extremo del sentido común.
En los Tribunales penales se aplauden vigorosamente las frases inintelegibles -construídas con palabras inventadas- de los gurúes locales del abolicionismo vernáculo. Se adora a su máximo exponente y se lo posiciona en la categoría de semi-dios del Derecho Penal Argentino. Se hace cola para conseguir una estampita de Michel Foucault, de Thomas Mathiesen, de Nils Christie, de Louk Hulsman, de Raúl Zaffaroni…
Pero estas conductas enfermizas no sólo alcanzan a los operadores del Derecho en el Pretorio, sino también a las futuras generaciones de abogados, todavía en formación. En Facultades de Derecho, Escuelas de Post-Grado, Institutos de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, Consejos de la Magistratura, etc, se ha instalado obligatoriamente, como si se trataran de las Tablas de Moisés, los ridículos postulados abolicionistas que consideran al “delito” como una “creación política”. Que el proceso penal es una farsa de los poderosos, quienes le quitaron a los particulares el “conflicto” y la posibilidad de resolverlo entre ellos. Que la cárcel “no sirve para nada”. Que el Estado no está “legitimado” para imponer penas. Que la pena es otro “hecho político” para llenar de pobres e indigentes las “agencias” policiales y penitenciarias, para “saciar” las ansiedades de las clases dominantes frente a la “sensación de inseguridad”… Y la más trágica, que “el crimen es un mero conflicto y la muerte violenta es una contingencia inevitable“..!
Frente a este revoltijo de ideas inconexas y estrafalarias, no es disparatado pensar que el Fuero Penal del Poder Judicial está gravemente herido, casi en terapia intensiva.
Habrá corruptos, si. Pero también existe una inmensa mayoría de hombres y mujeres de bien que han abrazado estas pseudo-doctrinas con total honestidad y totalmente convencidos de sus beneficios.
Esta maldita siembra de ideas afiebradas ha calado hondo en estudiantes de abogacía, abogados particulares, fiscales, defensores, jueces de instancia, jueces superiores y hasta jueces supremos…
Será un camino largo -muy largo- el que debemos recorrer aquellos que consideramos que el Derecho Penal es sanción… y no un pasaje a Disneyland.
*Marcelo Carlos Romero – Fiscal del Ministerio Público – Miembro de Usina de Justicia*
