La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de once de los imputados en la causa denominada “narco-arroz”, por considerarlos coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas y tentativa de contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes a ser comercializados fuera del territorio nacional en dos hechos.
La resolución, firmada por los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Guillermo Farah, resuelve además el procesamiento de otro de los acusados por los mismos delitos y por la tenencia ilegítima de un arma de fuego, al tiempo que dictó la falta de mérito a otra acusada.
De este modo, la decisión de los jueces dejó firme el procesamiento dictado en primera instancia por el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°12, Sergio Torres.
Más aún, en su fallo los jueces dieron por acreditada la idea que sustenta el trabajo desarrollado con intervención del fiscal federal Federico Delgado con asistencia de las procuradurías de Narcocriminalidad (Procunar) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en cuanto a la existencia de una organización trasnacional detrás de las maniobras de tráfico de estupefacientes bajo análisis, tratándose de una estructura delictiva estable y compleja, con roles, eslabones y jerarquías diferenciadas.
“Tal como hasta aquí se ha dicho, es claro que el auto de procesamiento ha partido de la existencia de una agrupación criminal orientada al tráfico de estupefacientes y, de ahí, a la lógica consecuencia de aunar sucesos que, lógicamente, no se presenta sino como un testimonio concreto de que tal agrupación existe y que ese es su fin”, señalaron los jueces.
Así las cosas, la organización contaría con distintas jerarquías en cuyo nivel superior de la cadena de distribución –que respondería a las directivas de la estructura asentada en Colombia, con participación de integrantes del ex cartel del Norte del Valle- se encontrarían quienes tienen a cargo la administración de los recursos, dedicándose principalmente al manejo del flujo de dinero obtenido del narcotráfico, solventando así las actividades.
El grupo que funcionaría en Argentina contaría además con un sofisticado entramado de empresas comerciales a partir de las cuales administrar el flujo de dinero recibido como consecuencia de la distribución de la droga. En este sentido, la documentación secuestrada en los diversos allanamientos se encuentra siendo analizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) con miras a determinar la existencia de maniobras de lavado de activos, para lo cual se habían solicitado previamente distintas medidas cautelares.
