El piloto Matías Miret, quien fue absuelto en España por el contrabando de casi una tonelada de cocaína, aseguró que un barrabrava de Boca que estuvo con él detenido en Barcelona se adjudicó el crimen de dos colombianos ocurrido en el shopping Unicenter en 2008 y que trabajaba para Gustavo Juliá, hijo de un ex jefe de la Fuerza Aérea, dijeron hoy fuentes de la investigación.
Las fuentes indicaron a Télam que la revelación de Miret se produjo al ser citado a declarar en la causa que investiga si el suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y sus colaboradores encubrieron a una red de narcotráfico vinculada a esos homicidios.
El piloto declaró que cuando fue detenido en España en 2011, luego de que en el avión en el que viajaba con los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá se hallara casi una tonelada de cocaína, fue enviado a la prisión de Eixample.
Allí, dijo que conoció a Víctor Ovejero Olmedo, alias “El Pelado” y sindicado como integrante de la barra brava de Boca Juniors.
“Lo escuché decir a éste que con (Jorge) Moreyra y (Mario) López Magallanes estuvieron involucrados en los crímenes de Unicenter”, afirmó Miret al declarar ante el fiscal federal Fernando Domínguez, que tiene a su cargo la causa que se sigue a Novo.
Los tres están imputados en la causa que lleva adelante por los crímenes el fiscal Luis Angelini, quien denunció serias trabas por parte de la Fiscalía General de ese distrito para avanzar en la pesquisa a medida que se acercaban a la figura de Juliá.
Al igual de López Ovejero, Moreyra también es sindicado como miembro de la barra y López Magallanes es dueño de la droguería Unifarma y ex socio de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
Todos son investigados por los homicidios de los colombianos Jorge Quintero Gartner y Héctor Duque Ceballos, asesinados a balazos en el shopping Unicenter en 2008, y Juan Sebastián Galvis Ramírez, ejecutado a tiros en 2009 en San Fernando.
Miret relató además que Ovejero Olmedo le dijo que “Juliá y (su mano derecha, Carlos) Luaces le debían dinero vinculado con el robo de joyas y relojes que realizaba para ambos en España y luego traían a Argentina”.
Según la causa por los homicidios, antes y después de los crímenes, Moreyra mantuvo comunicaciones con la empresa Federal Aviation, propiedad de Juliá, quien declaró que ese teléfono lo usaba Luaces.
También hay llamadas entradas y salientes con la firma Madero Office Center.
Al hablar delante de Miret, “El Pelado” estaba preso en Barcelona acusado del robo a joyerías españolas, mientras que los Juliá cumplen 13 años de prisión por el contrabando de cocaína.
Pero además, Gustavo Juliá está imputado en una causa que lleva adelante el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania por presunto contrabando de oro.
Ese expediente se abrió tras las detenciones en España y determinó que “entre 2009 y 2010 seis personas habrían efectuado un gran número de viajes desde Argentina a Estados Unidos extrayendo ilegalmente lingotes de oro y platino que totalizaban unos 2 millones de dólares”.
Al ingresar a Estados Unidos, declaraban el ingreso de los metales preciosos, para legitimar su tenencia y luego los vendían en el mercado legal.
El dinero de las ventas era depositado en una cuenta que según la Unidad de Información Financiera (UIF) pertenecía a los hermanos Juliá y en algunos casos era transferido a Uruguay y en otros extraido por caja.
Los datos aportados por Miret se dan en el marco de la investigación al fiscal Novo por el presunto “encubrimiento” de los crímenes, para lo cual se habría valido, entre otras maniobras, de la designación de una secretaria para que actúe como “espía” en la fiscalía de Angelini.
Además, se sospecha que desde la Fiscalía General se avisaba a abogados de imputados que se iban a hacer allanamientos y se impidió que Angelini y su colega Diego Grau viajaran a Colombia para avanzar en la pesquisa.
Los investigadores determinaron la existencia de una relación de amistad entre Novo y Juliá, así como que el abogado del ex empresario de aviación, Carlos Broitman, es el esposo de Mariana Busse, una secretaria que se designó especialmente para “trabajar” con Angelini y luego se descubrió que mantenía gran cantidad de comunicaciones con defensores de los sospechosos.
A Novo también se lo acusa de “hostigar” a Angelini mediante la realización de numerosos sumarios administrativos sin motivo y de quitarle recursos para poder investigar.
