El fiscal general de San Isidro, Julio Novo, no se presentó a declarar hoy en la causa en la que se lo investiga por presuntamente encubrir una red de narcotráfico vinculada al asesinato de tres ciudadanos colombianos.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el funcionario debía concurrir a las 10 a declarar ante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, pero solamente envió un escrito.
Por su parte, otros imputados en la causa, los fiscales generales adjuntos Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, que estaban convocados para fines de octubre, presentaron un descargo por escrito en el que negaron las imputaciones.
En tanto, también hizo lo propio Melisa Rey, secretaria de la fiscalía de Novo, mientras que Mariana Busse, que cumple la misma función, fue la única que declaró ante la jueza, dijeron los voceros.
Novo era el último en la convocatoria a indagatorias realizada en septiembre por la jueza, que al igual que a sus colaboradores lo acusó de “encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de la labor funcional”.
“No hay antecedentes de una denuncia tan grave contra integrantes del Ministerio Público”, dijo a Télam un vocero judicial, que recordó que las oficinas de los acusados fueron allanadas por Arroyo Salgado el 30 de diciembre último.
Esta causa se inició a partir de una denuncia formulada en octubre de 2012 por otro fiscal de San Isidro, Luis Angelini, quien entendió que Novo y sus subordinados estaban obstaculizando sus investigaciones.
Este fiscal consideró que el encubrimiento fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quienes están condenados y presos en España luego de que les encontraran una tonelada de cocaína en su avión.
Los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, fueron asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, partido de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.
En tanto, a Juan Sebastián Galvis Ramírez lo mataron el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la Avenida Del Libertador 1999, del partido bonaerense de San Fernando, donde había concurrido junto con su cuñado, su padre, un amigo y un marinero argentino a comprar un bote semirrígido.
A medida que avanzaron esas investigaciones, se pudo establecer, un entramado de relaciones muy complejo, que incluía, por ejemplo, comunicaciones entre los abogados de los sospechosos de los crímenes con las secretarias de la fiscalía general, dijeron las fuentes.
Además, Busse está casada con el abogado Carlos Broitman, quien fue defensor de los Juliá y en la época en que fueron juzgados ella viajó a España como codefensora, ya que por entonces no trabajaba en la fiscalía general.
“Hubo un intento de evitar que se descubra la conexión de los Juliá con los crímenes de Unicenter y de que se desatare un ovillo que llevase a otros personajes”, dijo un investigador del caso.
Cuando efectuó la denuncia, Angelini sostuvo que “existe una inmensa actividad institucional estatal claramente dirigida a encubrir graves delitos de acción pública que ocultan, a su vez, una enorme trama de narcotráfico nacional y supranacional” y su colega Fernando Domínguez impulsó la acción penal contra Novo y sus colaboradores.