El fiscal federal Fernando Arrigo terminó ayer con la acusación a los imputados por el delito de administración fraudulenta, durante la tercera jornada de su alegato en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once.
Con la ayuda de diapositivas el representante del Ministerio Público precisó los ingresos, explotación, gastos y resultado bruto del servicio ferroviario, y consideró acreditado que se llevaron adelante diversos actos “abusivos e infieles” por medio de los cuales se suscribieron contratos y otras prestaciones que generaron un perjuicio económico a “los bienes ajenos puestos a disposición por el Estado Nacional para la prestación del servicio seguro y confiable del transporte”.
Para Arrigo la ex concesionaria TBA “obstaculizó y desatendió el objeto social del contrato de concesión para la explotación de la línea Sarmiento”. Incluso, resaltó que esa situación era bien conocida por la Secretaría de Transporte, hasta dos meses antes de la tragedia. En ese sentido, evaluó, entre otras cosas, cómo la empresa concesionaria procuró lucrar con esta nueva explotación, disponiendo de tiempo, recursos humanos, técnicos y de dinero. “A esa altura de la concesión del tren de la línea Sarmiento resultaba absolutamente inadmisible”, remarcó Arrigo.
El fiscal consideró acreditado que “el supuesto incumplimiento contractual de parte del Estado era la excusa utilizada por la empresa para habilitar asimismo instancias de renegociación que nunca se llevaban a cabo y, en definitiva, seguir con la explotación y procurar beneficiarse con nuevos emprendimientos, en desmedro de las obligaciones ya asumidas”.
En ese sentido, Arrigo destacó que no se discute que una empresa pretendiera ampliar sus negocios, pero sí está en cuestión que esa empresa era concesionaria de un servicio público, y que el estado del tren Sarmiento, a esa altura, era crítico. “Al menos la formación chapa 16, condenada a la inactividad, y todos los esfuerzos y recursos, debían estar destinados a encaminar la situación, o a devolver la concesión”, indicó.
Sobre las inversiones ferroviarias, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que fueron financiadas por el Estado y contratadas por TBA, sin respeto “por las normas que deberían haberlas regido, en virtud de la naturaleza de los fondos involucrados”.
Para Arrigo está probado que se llevaron adelante diversos actos “abusivos e infieles” por medio de los cuales se suscribieron contratos y otras prestaciones que generaron un perjuicio económico a “los bienes ajenos puestos a disposición por el estado nacional para la prestación del servicio seguro y confiable del transporte ferroviario de pasajeros”.
Asimismo, el fiscal entendió que se habían efectuado gastos indebidos, utilizando para ello una “ingeniería contable y empresaria” puesta a disposición para esos fines, a través de pagos efectuados a determinada empresa “siempre vinculadas e integrantes del mismo grupo económico”.
Al respecto, señaló que una, entre varias de las empresas vinculadas al desvío de fondos, era Cometrans, que recibía pagos de TBA vinculados a más de un concepto. Según el cómputo de las facturas que se encontraron en el período 2004-2011 -relevó Arrigo- llegaron a sumar por todo concepto “algo más de $129.000.000, siendo que el total pagado por TBA SA asciende a la suma de $ 127.798.900,97”.
Otro de los hechos que Arrigo encontró probados tienen que ver con que la dinámica económica empresaria se encuentra plagada de gastos ajenos al servicio ferroviario y que se consideran supérfluos, como joyas, viajes, muebles de Tailandia , entradas a recitales, entre otros. También, la suscripción de contratos para prestaciones desvinculadas, absolutamente, de las necesidades de TBA, según los términos del contrato de concesión.
Sobre este punto, el fiscal señaló que se encuentra acreditado que existieron numerosos egresos, agrupados en gastos de comercialización y de administración, los cuales impactaron en forma significativa y negativamente en el resultado final económico de la empresa.
En el mismo sentido, explicó, dichos gastos no han encontrado correlato con aquello que los imputados debían administrar y conservar, esto es, “los bienes concesionados del Estado Nacional bajo un sistema que de ningún modo ameritaba erogar extraordinarias sumas de dinero en concepto de comercialización”:
En el final de su exposición, el representante del MPF explicó detalladamente y con la ayuda de unas filminas proyectadas el entramado societario construido por los imputados (menos el maquinista, los dos ex secretarios de transporte y los ex interventores de la CNRT). De esa forma, indicó a los jueces y a las diferentes partes la relación entre la cantidad de empresas, las personas y los roles que éstos ocupaban dentro de ellas con el objetivo de desviar los fondos destinados al mantenimiento de los ferrocarriles.
Para Arrigo, los imputados tenían pleno conocimiento del estado del material rodante y sus conductas violaron el deber de cuidado sobre el patrimonio ajeno, al tiempo que no tuvieron como prioridad el cuidado y seguridad de los usuarios, con la prestación de un servicio totalmente ajeno al objeto del contrato de concesión.
El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 28 a las 9.00 de la mañana. Arrigo continuará con el alegato de la fiscalía.
