El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5, imputó a autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta administración infiel, esto último en caso de comprobarse la existencia de sobreprecios.
Los tres principales acusados son José Luis Giusti –ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas-; Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA y titular de la Unión Cívica Radical (UCR) porteña; y Sergio Gastón Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA.
De acuerdo a lo señalado por el representante del Ministerio Público Fiscal en su requerimiento de instrucción, los imputados habrían utilizado el alto cargo jerárquico desempeñado en la casa de estudios para desviar millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas “José de San Martín” –dependiente de la UBA- hacía proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente vinculados.
Para llevarse a cabo, las maniobras habrían contado con la complicidad clave de quienes sucesivamente se desempañaron al frente de la Dirección de Administración del Hospital de Clínicas –Marcos Coy, Omar Quiroga y Leopoldo Bordoli- quienes habrían sido especialmente designados para cumplir ese rol.
En su requerimiento de instrucción, Picardi señaló que Giusti, Yacobitti y Ricardo poseen “numerosos negocios espurios” con la Universidad de Buenos Aires, situación incompatible por ser funcionarios públicos de esa institución y que avizora “un claro conflicto de intereses” para los cuales se valieron, entre otras maniobras, en la designación de personas de su absoluta confianza en cargos estratégicos de esa casa de estudios.
Así las cosas, Picardi extendió la imputación no sólo a quienes desempeñaron esos cargos estratégicos –en el Hospital de Clínicas, particularmente- sino también a las personas que integran el conglomerado de sociedades contratadas, con quienes los principales acusados tienen, en algunos casos, relaciones de parentesco.
De acuerdo a la investigación, parte del producido de las actividades ilícitas habría sido destinado por Giusti, Yacobitti y Ricardo para incrementar sus patrimonios “de manera apreciable e injustificada”, ya sea en forma directa o a través de terceras personas.
“Dicho incremento patrimonial se habría configurado mediante la utilización del dinero ilícito para solventar ostentosos viajes y gastos diarios, como así también para adquirir bienes inmuebles, vehículos de alta gama y hasta una aeronave, tanto a su nombre como a nombre de las sociedades y de las personas que fueron descriptas como su círculo íntimo”, indicó el fiscal federal Franco Picardi.
Particularmente, durante el período investigado Giusti viajó al exterior en veinte oportunidades y adquirió cinco inmuebles y dos vehículos. Así las cosas, el fiscal solicitó un gran número de medidas probatorias para avanzar en la investigación, entre los que se encuentran pedidos de información a organismos públicos.
