Derrame de cianuro: Barrick reconoció que vertió un millón de litros en el río

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La empresa Barrick reconoció que la cantidad de solución cianurada derramada es casi 66 veces superior a lo dicho inicialmente -de 15.000 a 1.000.000 de litros-, un fiscal federal imputó a las autoridades mineras y medioambientales de la Nación y de San Juan, y una nueva denuncia se presentó en la justicia provincial en contra del gobernador José Luis Gioja y del ministro de Minería. Todas estas novedades se sumaron en las últimas horas a la historia por el derrame químico en la mina aurífera Veladero.

La firma canadiense, mediante un comunicado, además precisó que el derrame comenzó el sábado 12 de septiembre, a las 20, y no el domingo 13, a las 10, como había informado preliminarmente al Ministerio de Minería de San Juan. También la compañía reconoció que la cantidad de solución cianurada derramada es muy superior a la reconocida en aquel informe, en el que declaraba 224.000 litros.

Según publica el diario La Nación, ese número es de 1,72 hm3, es decir, 1.000.000 litros de solución cianurada. Estos datos fueron aportados por la compañía que opera Veladero a la causa penal que se sustancia en San Juan, y el propio juez, Pablo Oritja, la reconoció en declaraciones radiales.

El volumen reconocido por Barrick es 66 veces superior al que circuló inicialmente a través de mensajes de WhatsApp, en los que se daba cuenta de un derrame de 15.000 litros. Este número todavía está alejado de lo que afirmó oportunamente Diego Seguí, representante legal de Saúl Ceballos, el ciudadano de Jáchal que presentó la denuncia penal. El abogado estima que el derrame ronda los 3.000.000 de litros.

El incidente en la mina aurífera tiene frentes de investigación abiertos de manera simultánea en San Juan y en la Capital Federal.

En la mañana de ayer, el fiscal federal Ramiro González requirió al juez federal Sebastián Casanello que impute a los secretarios nacionales de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso; al secretario de Medio Ambiente de San Juan, Raúl Domingo Tello; al presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, y a las autoridades de la empresa Barrick.

Este pedido, junto con el de abrir la investigación a consecuencia de la denuncia efectuada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, ya que la contaminación ambiental es un delito federal.

El fiscal González también pidió al juez Casanello varias medidas de prueba. Entre ellas, que el gobierno de San Juan aporte las autorizaciones de exploración en la mina en favor de la empresa Barrick, que el lunes último desplazó a 15 ejecutivos administrativos y operativos y que explique qué medidas se adoptaron a partir del accidente.

También pidió que la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y Desarrollo Sustentable provincial acompañe copias de la evaluación del impacto ambiental y confirme si la empresa tiene autorización para operar con explosivos. Asimismo, pidió informes al Ministerio de Salud de la Nación para saber qué medidas se adoptaron para salvaguardar la salud de las personas que pudieran haber sido afectadas por el derrame de la solución de cianuro.

La imputación de González se suma a la que ayer realizó su colega de los tribunales ubicados en Comodoro Py el fiscal federal Federico Delgado en una denuncia por el mismo episodio, y es coincidente con la investigación que lleva adelante la justicia de San Juan.

En San Juan, el juez Pablo Oritja continuó tomando ayer declaraciones a cinco personas más que cumplían funciones en la mina Veladero al momento del derrame. Según confirmó el magistrado a LA NACION, de los primeros diez citados, a nueve se les cambió la condición de la declaración: pasó de ser informativa (como sospechoso) a testimonial.

El juez explicó que esto permitió que se hicieran aportes importantes a la causa y, aclaró, que “no hay posibilidades de imputar” a los declarantes.

Ayer por la mañana los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia, en condición de ciudadanos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción N° 4, a cargo de María Teresa Ravetti, para que se investigue la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento que habrían cometido el gobernador José Luis Gioja y el ministro de Minería, Felipe Saavedra.

Según Arancibia, en declaraciones realizadas a Radio Light, “el gobernador, en una conferencia de prensa el lunes, minimizó el evento e incluso se puso a disposición para tomar agua directamente de los ríos, y a esa altura del partido él era conocedor de la magnitud del derrame”.