Hasta el 2 de noviembre pasado, el comisario Norberto Villarreal, estaba ubicable. Se lo podía encontrar en su casa o en la seccional 52° de la actual Policía de la Ciudad, en Villa Lugano, donde se desempeñaba como jefe. Pero ese día, el juez Ricardo Farías ordenó su detención en el marco de una causa donde se investiga el supuesto accionar de una asociación ilícita liderada por ex altos miembros de la fuerza de seguridad porteña. Desde ese momento nada más se supo de él. El jueves próximo se cumplirá un año desde que decidió ser prófugo de la Justicia y pasar a la clandestinidad.
Informes de inteligencia que recibieron los investigadores judiciales indicaban que una de las posibilidades era que Villarreal hubiese viajado a Misiones para después cruzar a Brasil.
Lo cierto, que consta en el expediente judicial, es que Villarreal vendió un Renault 18 que estaba a su nombre. La transferencia se hizo en un registro del automotor cercano a Plaza de Mayo. Fue en marzo pasado, cuando llevaba cuatro meses prófugo. La operación se hizo aproximadamente en 15.000 pesos. En el “08” está la firma del acusado.
La mujer que compró el vehículo lo revendió antes del mes y 3000 pesos más barato. Declaró como testigo. Contó que no sabía que el auto era una de persona prófuga y afirmó que se enteró de que el Renault 18 estaba en venta en los quinchos del club Boca Juniors.
El fiscal José María Campagnoli y su equipo de colaboradores, a cargo de la investigación judicial que comenzó en abril del año pasado, pusieron la lupa sobre el denominado “legajo B” de la transferencia del automóvil.
En diciembre pasado, el representante del Ministerio Público le había solicitado al juez Farías el embargo de los dos automóviles a nombre de Villarreal.
A diferencia de lo que pasa con otros prófugos, en el caso de Villarreal no se estableció una recompensa económica para quien aporte datos sobre el sospechoso.
“Sería importante que se tome la decisión de ofrecer recompensa. No sabemos si a Villarreal no lo encuentran por desidia o por conveniencia”, sostuvo una calificada fuentes de la investigación.
Primero comenzó a buscarlo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y después se sumaron las demás fuerzas federales, que integran el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre) del Ministerio de Seguridad.
La causa comenzó en abril del año pasado cuando el fiscal Campagnoli comenzó a investigar presuntos hechos de corrupción en la comisaría 35°, con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra. La hipótesis de trabajo del Ministerio Público fue la existencia de una asociación ilícita, integrada por uniformados, que extorsionaba a comerciantes y empresarios a cambio de una seguridad privilegiada.
Cinco meses después, cuando consideró que había pruebas suficientes, el fiscal Campagnoli pidió la detención del comisario Villarreal, que era por entonces jefe de la seccional 35°. También pidió que fuesen apresados el sargento primero Adrián Otero, del cabo Alejandro Malfetano, del sargento Sergio Ríos y del suboficial Marciano Quiroga.
El único que no pudo ser esposado fue Villarreal. En el expediente existe un video donde se registró cómo el jefe policial y parte de sus subordinados organizaban el “trabajo” de los “trapitos” en las cercanías de Núñez.
Otero, Malfetano, Ríos y Quiroga esperan el juicio en libertad. Sus procesamientos fueron confirmados. Es decir que un tribunal de alzada avaló la investigación de Campagnoli.
También están procesados, en libertad y a la espera de que se eleve la causa a juicio, el ex jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar; la comisario mayor Susana Aveni y los subcomisarios Hernán Kovacevich, Marcelo Stefanetti y Alberto José Codaro.
Todos, salvo Kovacevich que está procesado del delito de omisión de denuncia, están acusados de integrar la asociación ilícita. El comisario general Guillermo Calviño recibió la falta de mérito.
Para los investigadores judiciales, Villarreal es una pieza clave. Además del video donde quedó registrado cómo pretendía organizar la tarea de los “trapitos” en las inmediaciones de la cancha de River, en su oficina se halló una prueba considerada clave para la causa.
Se trata de un cuaderno con anotaciones hechas a mano donde, según la hipótesis de Campagnoli, el comisario Villarreal registraba cómo distribuía, a superiores y subordinados, el dinero de la caja negra de la seccional. Además, en comercios de la zona se secuestró documentación donde se dejaría constancia, según el expediente judicial, del “pago a extra” a la comisaría.
Para las defensas también es fundamental la detención del comisario prófugo porque, según explicaron, es el único que puede explicar ciertas cuestiones que atañen a todos los imputados, como las anotaciones del cuaderno.
