La fiscalía general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por delitos contra la administración pública. En la presentación entendieron que los acusados habrían desviado fondos públicos hacia un conglomerado de empresas de su propiedad.
Según fuentes judiciales, las maniobras tuvieron como base el Hospital de Clínicas –dependiente de la UBA- desde donde, según se sospecha, habrían sido direccionados millonarios contratos con proveedores de insumos y medicamentos, que habrían incluido sobreprecios o incluso la entrega de volúmenes inferiores a los acordados.
El fiscal de la Procelac, Carlos Gonella, junto al coordinador y fiscal ad-hoc del Área de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski, realizaron la denuncia contra José Luis Giusti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas; Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA y titular de la Unión Cívica Radical porteña, y Sergio Gastón Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA.
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Según la denuncia de la Procelac, las operaciones bajo análisis contribuyeron al “vaciamiento” del Hospital de Clínicas.
La investigación preliminar de Procelac corroboró que la firma Medipack S.A., constituida por un cuñado del denunciado Sergio Gastón Ricardo, fue proveedora del Hospital de Clínicas al menos desde el 9 de abril de 2009 hasta el 19 de marzo de 2014, a través de 69 contrataciones y por un monto total de $11.229.168. También, se acreditó que American Salud S.A. fue proveedora del mismo hospital, con nueve contrataciones por $872.576.
La investigación puso de relieve los múltiples vínculos existentes entre los tres imputados –José Luis Giusti, Emilio Yacobitti y Sergio Ricardo– con quienes desde 2007 se desempeñaron sucesivamente al frente de la Dirección General de Administración del Hospital de Clínicas, “por lo que podría inferirse que ellos fueron designados estratégicamente en ese cargo” para favorecer sus intereses privados y de su círculo de confianza”.
La investigación preliminar de la Procelac permitió establecer serias incongruencias entre el nivel de vida ostentado por los acusados desde que desempeñaron cargos jerárquicos en la Universidad de Buenos Aires y sus ingresos declarados como funcionarios públicos.
En los bienes, se destacan la compra de dos inmuebles en una torre exclusiva en Punta del Este, Uruguay; los viajes efectuados al exterior (en mucho casos a Uruguay y por una exigua cantidad de tiempo) y una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que adquirieron ellos, sus empresas y sus allegados.
