La medida forma parte de la decisión del Gobierno santafesino de ubicar a “sicarios y narcos” en más pabellones de Unidades Penitenciarias, separados del resto de los “presos comunes”.
Una decisión similar se realizó el martes último en la Unidad Penitenciaria 11º de la localidad de Piñero, cercana a Rosario, un día antes de que ocurrieran tres balaceras a un banco y dos instituciones públicas con amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.
Tanto el Gobierno provincial como la Fiscalía Regional Rosario, que investiga los ataques armados y la intimidación, apuntan a que las balaceras consistieron en “una reacción” a la decisión oficial de endurecer las condiciones de detención.
El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, dijo hoy que “la decisión del gobernador Pullaro y de todo el equipo es ir a fondo contra la delincuencia”.
Al referirse a la reubicación de detenidos de alto perfil en la Unidad Penitenciaria 1, sostuvo que “era conocido que desde las cárceles se manejaba lo que los delincuentes hacían en las calles”.
Para Cococcioni, “este tipo de operativos nos permite recuperar el control en las cárceles para que la calle empiece a ser un lugar seguro”.
La cartera de Seguridad informó que tras los operativos en la cárcel de Coronda, “se secuestraron dispositivos electrónicos, como celulares y pendrive, que fueron puestos a disposición de la Justicia para su análisis”.
La reubicación de presos forma parte de un plan lanzado por el Gobierno provincial en los primeros días de gestión, que también incluye la puesta en marcha de inhibidores de señales en las unidades penitenciarias y la suspensión de la provisión de alimentos a los detenidos por parte de familiares.
El objetivo es reducir la incidencia que los presos tienen en delitos cometidos extramuros pero instigados desde las cárceles que son frecuentes en la ciudad de Rosario en materia de extorsiones a comerciantes, balaceras y homicidios.
