Fuentes judiciales informaron a Télam que la audiencia se llevará a cabo a partir de las 9 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, ubicada en la calle Paraguay al 1536, a diferencia de las primeras dos jornadas de juicio, que se realizaron en la Sala Auditorium de los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro.
Los informantes señalaron que dicha modificación está vinculada a un pedido de los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a la vez que indicaron que se habilitará un espacio virtual para que las partes puedan seguir la audiencia vía Zoom, ya que la capacidad de esa sala es reducida y no se admitirá la presencia del público.
Se espera que durante la jornada declaren 11 agentes de la PFA que participaron de la recopilación de evidencias en el lugar del hecho, entre los cuales se encuentra el por entonces Jefe de la División Homicidios, Gustavo Gauna.
Por otra parte, los voceros informaron que también darán su testimonio las médicas que atendieron a Lucas en el hospital Penna luego de que fue atacado a balazos.
El juicio se extenderá hasta el mes de julio con el siguiente cronograma de audiencias: 20 y 25 de abril; 2, 9, 16 y 23 de mayo; 6, 15, 22 y 29 de junio; y 4, 6, 11 y 13 de julio.
En la última jornada del debate, el 28 de marzo pasado, declararon los tres amigos que viajaban con Lucas al momento del ataque policial, ocurrido cuando todos salían de entrenar del Club Barracas Central, en el que jugaban: Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19) y Niven Huanca (18).
Los tres chicos dieron su versión de los hechos, manifestaron que los policías que les dispararon parecían ladrones y que, tras el ataque a tiros, éstos los discriminaron y les dijeron “negros” y “villeros de mierda”, entre otros insultos.
También declararon los padres de la víctima, Cintia López y Mario “Peca” González, quienes recordaron el día que mataron a su hijo y pidieron “justicia por Lucas”.
Previo a ello, tomó la palabra uno de los policías imputados por encubrimiento, el oficial Daniel Rubén Espinosa (33), quien aseguró que no vio “ningún tipo de arma” en poder de los jóvenes, ya que solo los vio “a distancia”.
Por el crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este marzo el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), quienes en la primera jornada del debate aseguraron que actuaron “en legítima defensa” y “en cumplimientos del deber”, por lo que no cometieron “ningún delito”.
A los tres se les adjudica la coautoría del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.
Además, los tres enfrentarán cargos por las “tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”, en el caso de los amigos de Lucas.
En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.
Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.
También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y el mencionado Espinosa.
Todos están acusados por “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas” y, en el caso de Cuevas e Inca también por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.
