El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza dará a conocer en las próximas horas su veredicto en el juicio en el que la fiscalía pidió 50 años de cárcel para siete acusados del intento de copamiento ocurrido en 2018 en la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo, donde quisieron liberar a un detenido, se tirotearon con cuatro policías y dejaron parapléjica a una de las oficiales.
El tribunal a cargo de los jueces Pablo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno leerá el veredicto en la sede de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de La Matanza, ubicada en el cruce de autopista Riccheri y Ruta 4, en la zona de Puente 12.
Si bien el juicio se inició de manera semipresencial el 26 de marzo pasado con los jueces, abogados y testigos en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, y los imputados siguiendo todo por la plataforma Teams desde unidades carcelarias, el TOC 4 eligió para los alegatos y el veredicto esa sede policial para extremar las medidas de seguridad ante la peligrosidad de la banda.
En su alegato del lunes pasado y apelando al máximo que el Código Penal permite por sumatoria de penas, el fiscal Ariel Speranza Rossi pidió medio siglo de prisión para siete imputados: Leandro David Aranda (25) -el preso que iba a ser rescatado-; su esposa, Zahira Ludmila Bustamante (22), Gonzalo Fabián D’Angelo (25), Daniel Alberto Rodríguez (33), Tomas Sosa (22), Sebastián Ariel Rodríguez (42) y la abogada Leticia Analía Tortosa (41).
La calificación elegida por el fiscal fue la de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’, contra un miembro de las fuerzas públicas y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego -reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los cuales concursan realmente entre sí, todo lo cual concursa idealmente con el delito de evasión agravada en grado de tentativa”.
En el caso de la letrada Tortosa -a quien se la acusa de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a Aranda el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se contactó con la banda-, el fiscal solicitó subsidiariamente que se la condene a 20 años si llegan a considerar que solo actuó como partícipe secundaria y además, una inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de la abogacía.
En tanto, para al octavo imputado, Bruno Damián Postigo Marullo (22), quien es primo de Bustamante, el fiscal pidió una pena de 6 años por “encubrimiento agravado”, ya que sólo quedó involucrado por haber hecho una falsa denuncia por el robo de un auto que la banda usó en el golpe frustrado.
En cambio, los defensores cuestionaron los elevados pedidos de penas del fiscal, y pidieron nulidades, absoluciones por falta de prueba o condenas inferiores.
El principal acusado es Aranda, quien estaba preso desde 2017 por un crimen narco en una villa de La Matanza -hecho por el que ya está condenado a 10 años-, y según la fiscalía, “tenía problemas afuera” y debía salir de la comisaría porque “había mejicaneado a un narco de la villa 1-11-14” de la Capital Federal.
Cuando declaró en el debate, Aranda confesó haber ideado el plan para que lo rescaten, pero negó que la idea fuera entrar a matar policías, dijo que entre los detenidos había inocentes y trató de desvincular a su esposa, quien según la acusación fue a rescatar a su marido con un bebé de pocos meses.
En base a esas pruebas, afirmó que Daniel Rodríguez y Tomás Villamil (27) –un noveno imputado que se suicidó en ahorcándose en el penal de San Nicolás estando preso por esta causa-, fueron los que entraron primero “arma en mano y efectuando disparos” a la oficina de los policías.
Luego, detalló que Sebastián Rodríguez y Sosa fueron los otros dos que también entraron a la seccional con una pinza corta candados, pero tuvieron que huir al empezar los disparos; y que D’Angelo, a quien apodaban “Schumi” por sus habilidades como conductor, era quien esperaba afuera como chofer en un auto Volkswagen Fox, mientras que Bustamante lo hacía en otro vehículo.
El fiscal dio por probado que el episodio ocurrió a las 5.05 del 30 de abril de 2018 en la comisaría Distrital Noroeste 1ra. San Justo, donde los imputados intentaron rescatar a tiros a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la seccional, en el que esa madrugada había un total de 43 detenidos, pero la resistencia de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe.
La sargento Alejandra Rocío Villarreal fue la única de los cuatro policías atacados alcanzada por dos disparos que le provocaron lesiones “gravísimas” y la dejaron parapléjica.
