Caso Facundo: autorizan allanamiento en un puesto policial que había sido rechazado por la jueza

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La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca autorizó medidas de prueba que habían sido planteadas por dos fiscales que investigan la muerte de Facundo Astudillo Castro y que en un primer momento habían sido rechazadas por la jueza María Gabriela Marrón, como el allanamiento a un puesto policial en búsqueda de pruebas y la entrega de los teléfonos de cuatro policías bonaerenses.

Fuentes judiciales informaron que se trata de una medida de los camaristas Leandro Picado y Pablo Larriera, quienes revocaron parcialmente la resolución de la jueza Federal e hicieron lugar a la apelación de los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim para autorizar distintas medidas de prueba en el marco del expediente.

«Los representantes del Ministerio Público Fiscal, el 1 de octubre del 2020, solicitaron a la jueza que ordenara una serie de medidas de prueba, a su entender pertinentes y útiles, a fin de impulsar adecuadamente la investigación sobre la base de la hipótesis investigativa en torno a la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro», señaló la resolución.

En ese contexto los camaristas indicaron que Marrón, recusada por Azzolin y Heim, «solo autorizó tres de las medidas solicitadas y rechazó la producción de las seis restantes, lo que motivó que el Ministerio Público Fiscal, así como la parte querellante –particular e institucional–, interpusieran sendos recursos de apelación».

Entre una de las medidas de la resolución figura que se libre una orden a la «Jefatura de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a efectos de que se haga entrega de la totalidad de los teléfonos personales y oficiales que les fueran asignados a Alberto González, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Gabriel Sosa, en pos del avance de la investigación y su profundización».

Los citados efectivos fueron los que tuvieron contacto con Astudillo Castro en distintos momentos el 30 de abril del año pasado, día en el que el joven salió desde Pedro Luro con destino a Bahía Blanca.

Los camaristas señalaron además que se autorice a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) «a que proceda a efectuar una extracción mediante software forense de la información que contengan los dispositivos que se secuestren y luego realice un análisis sistemático».

Consideraron que «resultan atendibles para poder reconstruir de una manera más precisa los hechos acaecidos en los distintos segmentos temporales transcurridos desde que Facundo tuvo el primer contacto con el personal policial».

También los camaristas autorizaron para que se lleve a cabo un allanamiento en el puesto de vigilancia de Teniente Origone, partido de Villarino, a los efectos que se proceda a la búsqueda y recolección de toda clase de rastros como ADN, huellas y cabellos, entre otros.

«Si bien coincido con la jueza de grado en tanto que, a fin de reconstruir qué le ocurrió a Facundo, la pericia realizada por el Equipo del Cuerpo Médico Forense sobre los restos óseos de Facundo deberá ser complementada, en su caso, con otra prueba (que de hecho se está produciendo en el devenir de la investigación), no deben soslayarse los interrogantes enunciados por los Fiscales que, motivadamente, los llevan a no descartar, de momento, su hipótesis delictiva», sostuvo el camarista Picado con la adhesión de Larriera.

«Bajo esta misma exégesis, considero que el control judicial debe, en el caso, otorgar a los acusadores la posibilidad de comprobar o refutar sus hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta particularmente la complejidad de la investigación en curso», agregó.

En ese contexto los integrantes de la Cámara Federal hicieron referencia al «hallazgo de un cabello» que pertenecería a Facundo Astudillo Castro el 30 de abril del año pasado en un patrullero que era conducido por González además de un amuleto hallado en el destacamento policial y que según Cristina Castro, era de su hijo.

Además los camaristas señalaron que «el último policía que tuvo contacto con él había sido el nombrado González, quien en ese momento se encontraba a cargo de dicho Puesto de Vigilancia».