Las Asociaciones Miguel Brú, La Cantora, OTRANS Argentina e H.I.J.O.S. La Plata presentaron ante la Justicia platense una medida cautelar por la falta de entrega de alimentos a la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires, informaron esas entidades.
“Son alrededor de 45.000 personas que dependen de lo poco que pueden arrimar un puñado de familiares”, remarcó un comunicado de la asociación Miguel Brú, que precisó que “la malnutrición es peligrosa, por lo que genera, en la salud física y psíquica de las personas, pero a esto se le agrega que el hambre es uno de los mayores generadores de violencia en el encierro”.
“Nos preguntamos entonces, cuáles son las verdaderas intenciones por las que el gobierno saliente, en manos de María Eugenia Vidal, no alimenta a la población carcelaria. ¿Es por su odio de clase, por acuerdos con los proveedores de alimentos, o la verdadera razón es plantear un escenario hostil y violento al interior de los contextos de encierro de la provincia de Buenos Aires, altamente superpoblados, a días de la entrega del mando a un gobernador electo que claramente está comprometido con la defensa de los derechos humanos?”, cuestionaron.
Ante la situación alimentaria en las cárceles bonaerenses, denunciada por la Comisión por la Memoria, la asociación aseguró que responsabilizan “a la gobernadora saliente y sus funcionarios de los conflictos que puedan surgir al interior de las cárceles bonaerenses” y denunciaron que han incurrido en la figura de “abandono de personas”.
“Solicitamos al mismo tiempo al Juzgado en lo Contenciosos Administrativo 1 de la ciudad de La Plata que se expida con urgencia para evitar las graves consecuencias que puede ocasionar el delictivo accionar del gobierno provincial generando un escenario de hambre generalizado”, reclamaron.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció ayer que las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires “padecen hambre”, y constató que en los últimos meses “se agravó la falta o carencia completa de alimentos” en los depósitos de las unidades penitenciarias.
Al respecto, voceros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) admitieron demoras en la provisión de carne a los depósitos de los penales, pero aseguraron que la situación estaría normalizada en un plazo máximo de 72 horas.
El organismo envió además el documento al ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, y le pidió que “explique las razones del desabastecimiento” y “tome las medidas necesarias para proveer de manera urgente los alimentos previstos en las licitaciones contratadas”.
