Cerca de 9.000 detenidos realizan una huelga de hambre en cárceles bonaerenses

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Alrededor de nueve mil detenidos se encuentran realizando una huelga de hambre desde hace cinco días en penales de la provincia de Buenos Aires en reclamo del otorgamiento de prisiones domiciliarias, la derogación de la llamada Ley Blumberg y la reinstauración de la ley del 2×1, entre otros pedidos.

Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informaron que los reclusos que se plegaron a la medida representan un 20 por ciento del total de 46.000 internos alojados en las cárceles de la provincia, y que por el momento «la situación está controlada porque la protesta es de manera pacífica».
En ese sentido, destacaron la presencia de jueces, fiscales y organismos de derechos humanos en los penales que están permanentemente dialogando con los presos para mantener calma la situación.
Los penales donde se registra mayor adhesión a la huelga son las unidades 21 de Campana, 6 de Dolores, 2 de Sierra Chica y 15 de Batán, en tanto que en las otras el acatamiento es dispar, indicaron los voceros.
Al tope de los reclamos de los detenidos se encuentra el pedido de morigeración en las condiciones de detención, por ejemplo el otorgamiento de prisiones domiciliarias que permitan descongestionar los penales, donde las autoridades reconocen que hay una sobrepoblación, ya que hay plazas para sólo 30.000 internos.
Además, los presos reclaman que se arme una mesa de diálogo integrada por miembros de los tres poderes a fin de que analicen la derogación de la Ley Blumberg, que permite condenas de hasta 50 años de prisión por la sumatoria de delitos; la restauración de la ley del 2×1, que computaba doble el tiempo de detención sin sentencia firme, y que no se apruebe el Código Penal impulsado por la gestión de Mauricio Macri.
La huelga se inició el 5 de diciembre, por lo que las autoridades creen que puede tratarse de un «mensaje» para el nuevo gobierno, ya que no tendría sentido iniciar una protesta contra la administración saliente.
Para controlar a los reclusos que dejaron de alimentarse, se les realizan controles médicos diarios, se restringen las actividades laborales, deportivas y educativas y se les permiten visitas pero éstas deben ingresar sin alimentos, dijeron las fuentes del SPB consultadas.
También se notifica del inicio de la medida de huelga de hambre a los jueces que entienden en las causas de los internos, así como al Juzgado de Garantías, fiscalía y defensoría en turno.
La semana pasada, presos de distintas unidades habían reclamado por la falta de alimentos, entre ellos carne y pollo, pero desde el SPB aseguraron que la provisión de comida se ofrece de manera normal en todos los penales y que sólo hubo inconvenientes con esas mercaderías algunas semanas de noviembre.