El ex gobernador de Tucumán y actual senador nacional, José Alperovich, fue denunciado penalmente por su sobrina segunda, de 29 años, debido a los reiterados abusos sexuales a los que la habría sometido desde diciembre de 2017 hasta mayo de este año, siempre en lugares donde el acusado se movía con total libertad y seguridad.
Con miedo, rechazo y cansada del calvario padecido, ella escribió también una descarga, que subió a las redes sociales.La mujer se presentó durante la mañana de ayer en los tribunales penales de San Miguel de Tucumán, donde reside, y contó su pesadilla.
La fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual abrió una causa por “abuso sexual agravado con acceso carnal”, mientras que también se inició un expediente en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) de Buenos Aires, ya que las violaciones habrían ocurrido en ambos lugares.
Desde allí se le solicitó a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación un juzgado interviniente, tocando, por sorteo, el Juzgado de Instrucción 35, a cargo de Osvaldo Rappa.
La titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, informó que además de la denuncia en sí, la víctima solicitó otras medidas de resguardo, como una restricción de acercamiento y una custodia en su domicilio de la Policía Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ya que “teme por su seguridad personal”.
Este último requerimiento ya fue cumplido tras el aval del fiscal Santiago Vismara. Pero también había pedido que a Alperovich le impidan salir del país “para evitar una posible situación de fuga, atento a sus recursos económicos y de poder político”.
En la carta, la joven destaca que “al monstruo hay que ponerle nombre y apellido y el mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. El oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”.
La mujer trabajó junto al denunciado –primo de su padre– en la campaña para gobernador, que el político terminó perdiendo con Juan Manzur.
Recluida en la contención familiar, fue su abogado, Ricardo Santoro, quien habló desde su representación: “Su deseo es confiar en la Justicia. Se sacó una pesada carga, aunque se siente sobrepasada y con miedo. Por el momento no va a realizar declaraciones que la puedan revictimizar”.
Contraataque. El senador se defendió, no solo desmintiendo los hechos, sino además asegurando que radicó una denuncia por amenazas la semana pasada contra su sobrina. “Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad”, dijo desde Miami, donde se encuentra.
En tanto, su letrado, Mariano Cúneo Libarona, optó por no responder las reiteradas consultas de este medio.
En otro párrafo de su descargo, la víctima detalló que durante el tiempo que compartieron el empleo “no tuve ni un respiro. Solo me liberaba cuando él viajaba pero, al regresar, volvían las pesadillas. No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Su fijación no cesaba, quiso más y más seguido, con más ganas, con más violencia por mi resistencia”.
Y no dudó en aseverar que “tenía la sensación de que nunca nadie iba a salvarme. No podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros, policías y custodios armados. Todos sabían lo que pasaba dentro. Estaba completamente atrapada”.
En cuanto a sus funciones laborales, empezó con un cargo de ceremonial y protocolo en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia, hasta que fue asignada como “asistente personal” del acusado, encargándose de su agenda diaria.
Por su parte, un vocero le contó que su padre fue “nombrado médico a cargo de la salud de Alperovich durante el mandato de este como gobernador”, y añadió que “estaba presente en su vida; eran próximos, más allá de su parentesco”.
Quien también se expresó al respecto fue la senadora nacional por Cambiemos, Silvia Elías de Pérez: “La Justicia tiene que investigar a fondo la denuncia. Deben ponerse en marcha todos los mecanismos previstos para proteger a las víctimas de estos delitos, a la vez que debe garantizarse la protección de su integridad y evitar su revictimización. En el Senado, solicitamos a la Presidencia de la Cámara que active el protocolo previsto para estos casos, el cual fue sancionado en 2018”.
Por último, señaló: “No queremos que especulaciones políticas tiñan de sospechas la investigación de estos graves hechos, solo pedimos que los jueces actúen sin más límite que la ley y la verdad”.