La Justicia Federal porteña resolvió prorrogar por un año la prisión preventiva del ex intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad Roger Terán, y de otros 21 detenidos tras la “Operación Sapucay”, acusados de integrar una banda que desde 2014 traficó hasta seis toneladas de marihuana por semana desde Paraguay.
Fuentes judiciales informaron que la medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 al cumplirse dos años del arresto de los acusados y luego de que 10 detenidos, entre ellos Terán, solicitaran su libertad.
Pero los camaristas Fernando Machado Pelloni y Andrés Basso denegaron esos pedidos e hicieron extensivo el rechazo de las liberaciones a otros 22 de los 26 procesados que esperan fecha para el juicio oral.
Las defensas basaron el requerimiento “en el cumplimiento de dos años de encierro cautelar sin que se haya dictado sentencia y en la inexistencia de riesgo procesal”, según indica el fallo al que tuvo acceso Telam.
Sin embargo, para los integrantes del TOF3, la gravedad del delito del que se los acusa, el hecho de que aún haya integrantes de la organización prófugos y que la investigación continúe en trámite impide otorgar las liberaciones.
“De recuperar su libertad, los encartados intentarían eludir la acción de la justicia; ello, en virtud de la amenaza de pena que pudiera corresponderles en relación a la gravedad de los delitos reprochados”, añade el fallo.
La tenencia de armas, los procesamientos en otras causas por narcotráfico, así como los movimientos migratorios que oportunamente fueron registrados a nombre algunos imputados, fueron otros argumentos esgrimidos por los jueces para rechazar los planteos defensistas.
La medida alcanza al acusado de ser el organizador de la banda, Carlos Alberto Bareiro; al ex intendente Terán, al ex viceintendente Fabio Adrián Aquino, al comisario de la policía de Corrientes Diego Ocampo Alvarenga, al gendarme Gabriel Fernando Alcaraz y a la suboficial de la policía correntina Gabriela Quintana.
También a Alejandro Piris, Alejandro Ramón Gayoso, Federico Rachid Neme, Corina Araceli Noguera, Liliana Bobadilla Ríos, Silvina Soledad Ayala, Angélica Viviana Saucedo, Hebelin Aida Aquino, Julio César Saucedo, Cristian Leonardo Aquino, Franco Rodríguez, Eduardo Correa, Carlos Romero, Rubén Ernesto Ferreyra, Carlos Víctor López y al abogado Omar Antonio Serial.
La organización está acusada de traficar al menos 11.000 kilos de marihuana desde el año 2014, en distintas entregas procedentes de Paraguay y mediante una ruta fluvial y un sistema de distribución a siete provincias argentinas.
De la pesquisa surge, que esas maniobras de narcotráfico contaban con protección de diversas autoridades institucionales y con la utilización de menores de edad, según consta en el expediente judicial que ya cuenta con 41 cuerpos, precisaron fuentes judiciales.
La causa fue elevada a juicio oral en marzo del año pasado, cuando el juez Sergio Torres dio por finalizada la instrucción y pidió que los imputados sean juzgados por “asociación ilícita, en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio-, agravado por haberse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionarios públicos”.
