Declararon la emergencia penitenciaria en las cárceles federales

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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la “emergencia en materia penitenciaria” por el término de tres años y conformó una “comisión” especial para elaborar políticas que puedan resolver el “déficit habitacional” en las prisiones federales, “mejorar las condiciones de privación de la libertad” e implementar “medidas alternativas” al encarcelamiento.

Fuentes de dicha cartera informaron que esta resolución se basa en que la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF) “ha experimentado un incremento significativo en los últimos años” a raíz de la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274, mientras que el SPF informó que al 13 de marzo pasado los internos alojados ascendían a 13.773.

A su vez, la capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanzaba las 12.235 plazas, lo que significa una sobrepoblación superior al 12 por ciento, detalló la resolución.

“En razón de las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional (…) dicho porcentaje seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso”, señaló el documento.

Asimismo, y “pese a que en los últimos años se ha registrado un descenso en los porcentajes de personas sin condena alojadas en establecimientos penitenciarios federales”, en la actualidad esa cifra asciende al 57 por ciento de los internos, “situación que suele extenderse en el tiempo a raíz de la prolongada duración de los procesos”.

De acuerdo a la resolución, las órdenes judiciales “impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país”, por lo que se generan situaciones de superpoblación en las cárceles de la región metropolitana, donde se concentra el 63 por ciento de los alojamientos penitenciarios.

Entre otras cuestiones, en la resolución se remarcó que debido a la implementación del régimen de Flagrancia a la Alcaidía 28 (Centro de Detención Judicial en los tribunales porteños) “el flujo mensual promedio de ingresos” supera las 700 personas.

Por ello, desde el Ministerio se impulsó la construcción de nuevas cárceles, como una en la ciudad bonaerense de Mercedes para 1.152 presos y otra en Coronda, Santa Fe, para 462; al tiempo que se sumaron 352 nuevas plazas a la unidad de Luján de Cuyo, Mendoza.

De acuerdo a la resolución, en forma paralela “se ha promovido la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad” como “la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica”.

En ese sentido, recordaron que se tramitó la contratación de 2.880 dispositivos para aumentar los servicios diarios de dicha vigilancia y que el objetivo es llegar a los 6.000.

“A pesar de los esfuerzos realizados, el déficit habitacional persiste y, según lo señalado por el Servicio Penitenciario Federal, puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria”, indicó la resolución.

Para abordar esta problemática, además de declarar la “emergencia”, se conformó en el ámbito de la Secretaría de Justicia una “Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria” que una vez constituida se reunirá quincenalmente hasta marzo 2022.

En dicha comisión, el Ministerio estará representado por un miembro de la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y un integrante de la Dirección Nacional del SPF.

Mientras que se invitó al Ministerio del Interior, al de Hacienda y al de Seguridad a que designen un representante cada uno para integrar esa comisión.

También se invitó a que hagan lo mismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, la Procuración Penintenciaria de la Nación, la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de la Defensa y a la Procuración General de la Nación.

El objetivo de esta comisión será facilitar la “elaboración de propuestas de políticas públicas tendientes a resolver el déficit habitacional en el SPF, mejorar las condiciones de privación de la libertad, y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables”, añadió la resolución.