La Prefectura Naval Argentina y dos fiscales federales allanaron el despacho donde funciona el juzgado federal 1 de Corrientes, en el marco de una causa sobre escuchas ilegales en las que son investigados el ex juez Carlos Soto Dávila y dos secretarios que están detenidos y acusados de beneficiar a narcotraficantes.
Fuentes judiciales informaron que por pedido de los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, y del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; el juez federal 2 correntino, Juan Carlos Vallejos, ordenó allanar la sede a la que renunció el ex magistrado en febrero pasado.
En el operativo se secuestraron dos expedientes que se hallaban extraviados en el marco de una causa por contrabando de drogas y en el que se detectaron escuchas telefónicas a personas que no tenían vínculo con los delitos investigados, precisaron las fuentes.
Los mismos informantes indicaron que, en principio, serían dos las personas que eran seguidas en la maniobra clandestina.
“El objeto procesal sobre el cual deberá́ versar esta causa estará́ dirigido a determinar si Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau, en sus roles de juez y secretarios penales, respectivamente, han efectuado maniobras de espionaje ilegal, mediante la realización de escuchas telefónicas ordenadas desde el Juzgado Federal 1 de Corrientes, incumpliendo los deberes que por su especial función les estaban impuestos”, señaló el requerimiento fiscal.
En ese sentido se solicitó determinar “si durante el año 2014 han utilizado su actuación al frente de dicha magistratura en provecho personal, al haber ordenado la interceptación telefónica” de quienes no estaban vinculados en el caso de narcotráfico seguido en un principio.
Las primeras evidencias de esta maniobra surgieron al detectar hace pocos días dos discos compactos y oficios con las escuchas y las órdenes para realizarlas.
Por su parte, el ex juez Soto Dávila cumple prisión preventiva en su domicilio de Corrientes tras ser procesado por el juez porteño Sergio Torres ante el supuesto cobro de coimas a narcotraficantes del “Operativo Sapucay” junto a los secretarios Molina y Grau, en el marco de una asociación ilícita en la que también participaban cinco abogados del foro local.
