Seis policías del partido bonaerense de La Matanza fueron condenados a 10 años de prisión por el secuestro extorsivo de un hombre al que amenazaron con cortarle un dedo en la localidad de Virrey del Pino en 2017, informaron fuentes judiciales.
La decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín recayó sobre Alejandro Gabriel Gómez, María Florencia Romero, Matías Ezequiel Britez, Juan Leonel Peña, Sebastián Alfredo Renversade y Gabriel Alejandro Rodríguez, todos ellos oficiales de la Policía Local de La Matanza que llegaron detenidos al debate oral.
Los jueces Silvina Mayorga, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez dieron por acreditado que los efectivos cometieron los delitos de “secuestro extorsivo agravado por el empleo de armas de fuego, por resultar los participantes agentes de una fuerza de seguridad y por el número de intervinientes”.
La pena coincidió con el pedido que había formulado en su alegato el fiscal del juicio, Marcelo García Berro; en tanto, los defensores particulares de los policías habían solicitado una serie de nulidades y que todos sean absueltos por falta de pruebas.
Al respecto, el abogado Ignacio Trimarco, representante de la oficial Romero, dijo que apelará el fallo porque consideró que se trató de “una gravedad institucional enorme”.
“Se incorporó por lectura la declaración de la supuesta víctima y de los supuestos testigos presenciales sin haber permitido a la defensa corroborarlas, contrastarlas y ver las contradicciones que fueron groseras”, añadió el letrado.
En su alegato, el fiscal García Berro aseguró que los policías secuestraron a un vecino de la localidad bonaerense de Virrey del Pino el 7 de febrero de 2017 entre las 17 y las 20.45.
Según la acusación, aquel día, el hombre caminaba junto a una vecina por la calle Vilela, cuando fue interceptado por un patrullero de la Policía Local de La Matanza, del que descendieron Peña y Gómez –con sus armas reglamentarias y uniformes-, lo golpearon y lo obligaron a subir al vehículo.
En ese momento, uno de los efectivos le refirió: “Sabemos que sos transa, sabemos que tu papá es transa, llamá a tu papá para pedirle dinero”.
Para el funcionario judicial, esa maniobra contó con el apoyo de Britez y Romero, quienes también estaban uniformados, armados y se desplazaban en otro móvil policial.
Sin embargo, el abogado Trimarco aseguró que la testigo presencial había dicho que “nunca vio a los ocupantes de ese segundo patrullero pero en la rueda de reconocimiento los señaló como los que iban en ese vehículo” y adelantó que también reiterará “todos los pedidos de nulidades ya que se violaron todas las cadenas de custodia de los teléfonos”.
De acuerdo con la acusación de la fiscalía, la víctima, quien les había respondido que su padre estaba muerto, fue trasladada a un descampado, situado en el kilómetro 40 de Virrey del Pino, y durante el trayecto uno de los policías le sustrajo una billetera, en cuyo interior había 30 pesos, papeles y su cédula de identidad expedida por la República del Paraguay.
Una vez en el baldío, al hombre, que no se presentó a declarar ante el TOF 1, lo obligaron a llamar a un amigo para que pagase un rescate de 60.000 pesos.
Dicha comunicación se efectuó a través del servicio de llamadas de la aplicación de mensajería WhatsApp y en el cual armaron un grupo titulado “Ponela Tío”, que tenía como integrantes a los efectivos policiales imputados.
Durante su cautiverio, los patrulleros –tres en total- iban y venían, mientras que algunos de los efectivos golpeaban a la víctima, lo amenazaban con cortarle un dedo, le sacaron una foto e, inclusive, Gómez disparó dos veces contra el suelo cerca de donde estaba parado el joven, según la fiscalía.
Finalmente, dado que el amigo de la víctima no había conseguido el dinero, ésta se ofreció a juntar el rescate y dárselos al día siguiente, por lo que, alrededor de las 20.45, lo volvieron a subir a uno de los patrulleros y lo liberaron a cuadras del descampado.
Tras sus detenciones y al ser indagados en la etapa de instrucción, algunos de los imputados se refirieron al hecho como un “procedimiento” por comercialización de estupefacientes, uno se negó a declarar y otros argumentaron que se trataba de una represalia por haber desbaratado una red de proveedores de narcóticos.
