Un fiscal federal de Corrientes respondió a las acusaciones del juez Soto Dávila

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El fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer aseguró que la investigación de supuestas coimas en el juzgado federal a cargo de Carlos Soto Dávila siguen las pistas de “un mecanismo que no es nuevo, que estaba aceitado y por el cual la Cámara Federal ya lo había apartado en al menos ocho casos por hechos de gravedad institucional”.

“El juez no debería preocuparse por lo que digan los arrepentidos, dado que los dichos de quienes se acogen a esa figura en la investigación por supuestas coimas deben ser contrastados y lo que vienen a hacer es a corroborar un cúmulo de evidencias surgidas anteriormente”, indicó Schaefer.

El fiscal General de la órbita federal en Corrientes respondió de ese modo a las acusaciones hacia el ministerio público que deslizó Soto Dávila en el juzgado de Sergio Torres, donde se presentó en indagatoria con un escrito de 50 páginas habida cuenta de su imputación como supuesto jefe de una asociación ilícita destinada a percibir sobornos para beneficiar a narcotraficantes.

“El juez Soto Dávila fue apartado en ocho casos de narcotráfico por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes por hechos de gravedad institucional”, dijo Schaefer al revertir la acusación que formuló el magistrado en su defensa, al indicar que la imputación en su contra es motivada por una “falsa denuncia” originada por el ministerio público.

“Además no se trata de un caso aislado el que motivó este llamado a indagatoria, ya que los fiscales de Corrientes, tanto como la UIF y la AFIP, trabajamos fuertemente por ejemplo en 30 incidentes de devolución de automóviles a un narcotraficante que fue condenado por lavado de dinero y que el expediente estaba en su juzgado”, recordó Schaefer.

En ese caso, Soto Dávila fue investigado por falsedad ideológica al comprobarse que junto a su secretario Pablo Molina, también detenido por supuestas coimas, entregaban automóviles a supuestos propietarios legítimos de vehículos que estaban a la venta en una concesionaria de Roberto Rodríguez, un narcotraficante condenado a diez años de prisión por contrabando de marihuana.

“Aquí hay un mecanismo aceitado que muestra cómo operaba este juzgado y lo estamos investigando tanto en Corrientes como en Buenos Aires pero no solo sobre los dichos de arrepentidos, sino sobre un cúmulo de evidencias como cruzamientos telefónicos y otros”, explicó Schaefer.

Y en cuanto a la situación patrimonial del juez, el fiscal de Corrientes indicó que “desde que se producen las denuncias se investiga la cuestión del patrimonio, dado que, por ejemplo, Soto Dávila se apartó en una causa por intermediación financiera ilegal en la que se investigaba a la cooperativa Pyramis, en la que en forma clandestina se comercializaba moneda extranjera y donde este magistrado habría sido cliente de compra y venta de dólares”.