El fiscal federal de Salta, Carlos Amad, solicitó la pena de 25 años de prisión para el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, en el juicio oral en el que está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita destinada a favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales.
El representante del Ministerio Público Fiscal acusó a Reynoso (59) como “autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con concusión (exigir el pago de una contribución), y este último en concurso ideal con prevaricato”.
Por ello, solicitó que al ex magistrado “se le imponga la pena de 25 años de prisión, multa de 20 millones de pesos, más la inhabilitación especial y perpetua para ocupar cargos públicos”, expresó Amad.
El fiscal pronunció esta tarde, durante más de seis horas, los alegatos del juicio oral y público que desde el 4 de septiembre de 2017 se desarrolla en los tribunales federales de Salta.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, integrado por Federico Díaz y los jueces subrogantes de Tucumán, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, está a cargo del proceso.
Reynoso llegó al debate procesado como “jefe” de la organización, mientras que en el banquillo de los acusados también están los abogados María Elena Esper (73), Ramón Valor (54), Arsenio Eladio Gaona (55) y René Gómez (79); el jefe de despacho del juzgado, Miguel Ángel Saavedra (57); el ordenanza César Aparicio (60) y su hermana, Rosalía Aparicio.
“Este Ministerio considera absolutamente probados todos los hechos por los cuales los imputados han sido traídos a juicio”, indicó Amad.
Luego, señaló que se comprobó “con claridad que todos los imputados formaron parte de una banda criminal estable, con soporte estructural, división de roles, capacidad de articular acciones y sostenida en el tiempo, encabezada por el ex juez federal de Orán”.
Para el fiscal, esta asociación funcionó “al menos desde el 19 de marzo de 2010”, y cesó “el día en que el jefe de la banda fue suspendido en sus funciones, el 22 de diciembre de 2015”.
Además, Amad solicitó la pena de 20 años de prisión y 5 millones de pesos de multa para Esper; 18 años de prisión y 1.800.000 pesos de multa para Gómez; y 18 años de prisión y 4.500.000 de pesos de multa para Gaona.
Para Valor, en tanto, pidió 14 años de prisión y 26 millones de pesos de multa; 14 años de prisión y multa de 1.000.000 de pesos para Saavedra; y 10 años de prisión y multa de 800 mil pesos para César Aparicio, por los delitos de asociación ilícita y concusión.
En tanto, para Rosalía Aparicio solicitó una condena de dos años de prisión efectiva y una multa de 700.000 pesos, por considerarla partícipe secundario del delito de concusión.
El fiscal consideró que esta organización estaba conformada por un “grupo de corruptos”, que favorecieron al “descrédito en el valor justicia”, y detalló que el objetivo era “la concesión de resoluciones favorables a los intereses de personas involucradas en importantes causas de narcotráfico”.
En ese sentido, señaló que se comprobó el otorgamiento de “excarcelaciones truchas, prisiones domiciliarias sin sentido, entrega de dinero y bienes objeto de secuestro en causas penales”, entre otras acciones.
Tras los alegatos de Amad, que estuvo junto a su par Francisco Snopek durante la audiencia, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de febrero, para iniciar los alegatos de los defensores.
El lunes, el querellante Carlos Garmendia solicitó una pena de 18 años de prisión para el ex juez federal, “como autor voluntario y responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe, en concurso real con concusión y este último delito en concurso ideal con prevaricato, en perjuicio de Bruno Mazzone y Pablo Meneses”.
Más de 200 testigos pasaron por este juicio, al que Reynoso llegó procesado por el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, quien consideró que esta organización fue montada, coordinada y encabezada por el ex magistrado y funcionó en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, del norte salteño, al menos desde el 19 de marzo de 2010.
La asociación se dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, favorables a los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculados a la narcocriminalidad.
