“Es imposible que termine preso”, dice el ex juez al que vinculan a una banda

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La causa que esta semana llevó a la cárcel a un viejo jerarca de la Policía Bonaerense, barrabravas de Gimnasia y Esgrima La Plata y delincuentes comunes despertó una enorme preocupación en los pasillos de los tribunales platenses, ante el rumor –cada vez más fuerte– de una posible vinculación del ex juez de garantías César Melazo y el ex fiscal penal del fuero platense Tomás Morán.

El caso llegó a los medios porque entre los detenidos figuraba el hermano del ex futbolista Daniel Bertoni, pero ese es apenas un simple dato de color en un expediente que tiene cerca de ocho años de antigüedad y en el que habría nombres de peso en la capital provincial.

Hasta el momento, fueron detenidos once presuntos miembros de una organización que presuntamente asaltaba fábricas, comercios y domicilios particulares con blindaje policial y judicial. El principal acusado es Gustavo Bursztyn, un ex comisario inspector de la Bonaerense, el tercer cargo en importancia dentro de la jerarquía policial y cercano a Melazo. Algunas versiones indican que el ex juez y el ex fiscal aparecerían en escuchas telefónicas atribuidas a la banda.

Sin embargo, el ex magistrado asegura que no tiene “nada que ver con ningún tipo de delito”. Dice que nunca fue procesado ni indagado en toda su carrera judicial, aunque reconoce tener un vínculo de amistad con el jefe policial que permanece detenido en el marco de esta investigación. “Yo estuve toda mi carrera persiguiendo a delincuentes, no haciendo negocios”, afirma al diario Perfil.

“Lo que se me imputa es periodísticamente. No hay nada en la causa. Yo declaré como testigo en la muerte de Juan Farías (N de R: un crimen por venganza ocurrido en la ciudad de La Plata en el año 2010 y atribuido a miembros de esta banda), porque me llamó la fiscal. Mi participación es como testigo y declaro haber ido a comer un asado en el año 2010 a la casa de Bursztyn (N de R: el ex comisario inspector de la Policía de Buenos Aires que está detenido), con quien fui vecino por más de quince años y conozco a los padres, al hermano, a los hijos; nos conocemos de la función policial y judicial. Fui a comer a la casa en el Día del Amigo y me retiré temprano porque estaba de turno. Eso es una cuestión que ‘catalogan’ como reunión. Esa no es ninguna reunión. Eso es comer un asado”, se defiende.

Melazo intervino en infinidad de casos resonantes en la Ciudad de las Diagonales. La brutal salidera contra Carolina Píparo, el cuádruple crimen de mujeres o el recordado tiroteo durante el traslado de los restos de Juan Domingo Perón a la quinta de San Vicente son algunos de ellos. En noviembre de 2016 fue apartado de su cargo por presuntas irregularidades y en junio del año siguiente presentó su renuncia. “Es una cuestión política, un panfleto político. Demuestra que hay una voluntad de escracharme, de romper el nombre y el honor para sacar un rédito por parte del gobierno de la Provincia”, expresó en aquel momento.

En su última etapa como magistrado, Melazo jugó fuerte políticamente: no ocultó su apoyo hacia el kirchnerismo y hasta se presentó como candidato a presidente del club Gimnasia.

“¿Si me siento perseguido? A mí me la pegaron por todos lados. Me echaron y nunca estuve procesado. Yo trabajé siempre. Soy un laburante. No le tengo miedo al barro ni a arremangarme. Pero yo tuve que renunciar. Y echaron a mi hija después de cuatro o cinco años de empleada en el Ministerio de Educación, echaron a mi hermano después de 12 o 14 años en el grupo Bapro, echaron a mi sobrino, todos de apellido Melazo, por cierto. Cero tolerancia”, acusa.

Melazo responde que “es imposible que termine preso” porque no cometió ningún delito. “Que digan lo quieran a través de los medios, procesalmente no hay nada”, sostiene.

La pata judicial. En el pedido de detención contra los 11 sospechosos de integrar una superbanda de policías y ladrones, la fiscal Betina Lacki –a cargo de la instrucción– no menciona a Melazo ni a Morán pero, curiosamente, habla de “operadores judiciales”.

El requerimiento que presentó esta semana ante la jueza de garantías platense Marcela Garmendia contiene un mensaje que busca exponer las dificultades que debió sortear. “El empeño puesto, tanto por los operadores judiciales como policiales, para obstaculizar esta investigación fue tanto que casi logran su objetivo. Este requerimiento demuestra que no lo consiguieron”, dice la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2, una clara señal del mar de fondo que rodea a esta causa que sacude a los tribunales platenses.