La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) cuestionó hoy la sentencia dictada a tres funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) condenados a 5, 10 y 25 años de prisión, por la muerte de 33 internos durante un incendio en octubre de 2005 en la Unidad Penal 28 de Magdalena.
Según la CPM, los funcionarios condenados el viernes de la semana pasada por los delitos de incendio culposo en el caso del director del penal, Oscar Tejeda, y homicidio simple y tentativa de homicidio en los casos de Reimundo Fernández y Rubén Montes de Oca, obtuvieron una calificación penal que es “un claro reconocimiento a la gravedad de los hechos”.
No obstante, la CPM consideró que este reconocimiento “no se corresponde con la absolución dictada para los restantes 14 agentes penitenciarios”.
“Después de 12 años de impunidad, durante el juicio, la responsabilidad de los funcionarios y agentes penitenciarios por acción y omisión quedó debidamente probada.
El mismo tribunal reconoció la gravedad de estos hechos para dictar las condenas por homicidio simple y tentativa de homicidio con dolo eventual; sin embargo, esta valoración no se condice con la decisión de absolver a 14 de los 17 agentes penitenciarios imputados”, dice el comunicado difundido por la CPM.
Agrega que en los fundamentos de la sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de La Plata también sostuvo que la jefatura del SPB estaba al tanto del mal funcionamiento de la red contra incendios y sostiene que “esta apreciación obliga a profundizar, de manera urgente, la investigación penal por las responsabilidades funcionales que hicieron posible la magnitud de esta masacre”.
Por otra parte, asegura que “los funcionarios del SPB no sólo estaban al tanto de esto sino que, además, una decisión administrativa había resuelto no cargar la mitad de los matafuegos de las unidades penitenciarias y en esos pabellones las cargas estaban vencidas y por lo tanto no funcionaron”.
“Las autoridades políticas conocían la grave situación en las cárceles bonaerenses y no hicieron nada por revertirla: la masacre de Magdalena fue el emergente más cruel de la crisis del sistema de encierro. La sentencia del TOC 5 es una nueva posibilidad para avanzar sobre esas responsabilidades que recaen, entre otros, en Fernando Díaz, el jefe del SPB en ese momento”, denunció.
“A pesar del reconocimiento, por parte del tribunal, de la gravedad del hecho y de las responsabilidades políticas, la decisión de absolver a 14 agentes penitenciarios cubre con un manto de impunidad el proceso judicial”, agrega.
