La defensa reclamó la absolución de Rubén “La Chancha” Ale, quien está siendo juzgado en Tucumán acusado de liderar junto a su hermano una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero del narcotráfico, entre otros delitos.
“A lo largo del juicio no se pudo probar que mi defendido, Rubén Ale, haya liderado desde el año 2002 una organización criminal y, a través de ella, puesto en circulación en el mercado bienes procedentes de un ilícito o que haya cometido delitos en forma indeterminada”, sostuvo en su alegato el abogado Alejandro Biagosch.
El letrado denunció ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán irregularidades en los procedimientos de la investigación como “violaciones a las garantías constitucionales, al domicilio, a la intimidad y a los derechos de familia y afectación de bienes protegidos por leyes supranacionales, que casi llevan a la destrucción de la familia” de su defendido.
“(Ale) fue el más perseguido en esta causa y demonizado por personajes que realizaron denuncias a través de prensa”, afirmó Biagosch, quien al respecto agregó: “Susana Trimarco lo acusó de la desaparición de su hija, María de los Ángeles Verón, pero nunca hizo una denuncia ante la Justicia ni lo llevó a juicio”.
El abogado consideró que los alegatos del Ministerio Público Fiscal y las querellas representadas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “fueron los últimos intentos desesperados para sostener esta causa donde los imputados fueron tratados como objetos de persecución y no como sujetos de derechos”.
Hace dos semanas, el fiscal federal Pablo Camuña solicitó que se condene a Rubén y Adolfo Angel Ale a 13 años de prisión y que los bienes decomisados, entre ellos 60 armas y 5.500 proyectiles, sean entregados a fuerzas de seguridad para la lucha contra el lavado de activos, la criminalidad económica y el crimen organizado.
En su alegato ante el TOF tucumano, el funcionario judicial pidió que se aplique esa pena para esos imputados como jefes de la “asociación ilícita y lavado de activos”, y penas de entre 4 y 10 años -pero como miembros de la organización- para María Jesús Rivero, Víctor Alberto Suárez, Fabián González, Roberto Oscar Dilascio y Ernesto Santos Catulo.
A su vez, pidió que se condene sólo por asociación ilícita a Carlos Rolando Ocampos (7 años), a César Marcelo Manca (6 años) y a Sergio Francisco Parrado (3 años), mientras que solicitó 4 años y medio de prisión para Enrique Lorenzo Chanampa como miembro de la organización y responsable del comercio de estupefacientes.
Finalmente, para los otros cinco imputados, el fiscal Camuña solicitó penas de entre 2 y 5 años de prisión.
En tanto, los representantes de la UIF requirieron 20 años de prisión para Ángel “El Mono” Ale y Rubén “La Chancha” Ale y el pago de una multa de 12,4 y 10,6 millones de pesos, respectivamente, por ser cabecillas de la organización criminal.
La causa contra el clan Ale comenzó en febrero de 2013 a raíz de un informe de inteligencia financiera elaborado por ese organismo que dio lugar a que el Ministerio Público Fiscal formulara una denuncia ante la Justicia federal.
José Sbattella, por entonces titular de la UIF, impulsó la causa luego de una presentación de Trimarco, madre de “Marita” Verón, cuyo paradero se desconoce desde que fue secuestrada en abril de 2002 para obligarla a ejercer la prostitución en la provincia de La Rioja, según dio por probado la Corte Suprema de Justicia tucumana.
El proceso judicial, también impulsado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), implicó una profunda investigación sobre las actividades del grupo y se considera que este es el mayor juicio por lavado de activos de los que se realizaron hasta ahora en todo el país.
Es que la UIF individualizó en forma muy precisa y documentada maniobras por un total de 39.556.960,52 de pesos y la utilización de diversas sociedades comerciales tales como la firma Cinco Estrellas S.R.L., Point Limits S.R.L. y la Transportadora Leonel S.R.L.
